Redacción
Juan Sebastián Sosa
Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana en Bogotá por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (más conocidas como el Clan del Golfo) y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’.
“Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La violencia persiste en nueve localidades: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, tal como lo había indicado en el 2019 esa entidad; y ahora se suman Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
En el trabajo de campo realizado por la Defensoría pudieron establecer cómo “la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones”.
Asimismo, señalaron que los ciudadanos de la capital siguen siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.
Los fenómenos violentos se concentran principalmente en 22 UPZ (unidades de planeamiento zonal donde habitan alrededor de 954.000 personas, el 11.8% de la población total de Bogotá).
En esas zonas hay altos índices de población flotante, así como una densidad importante del territorio donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el comercio y la industria.
Población con mayor riesgo
La Defensoría registró que los grupos criminales ejercen control de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Igualmente, se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos.
Si bien se hace énfasis en que hay riesgo para todos los habitantes, existen condiciones críticas para la población socialmente estigmatizada, como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas.
Estas poblaciones se hacen más susceptibles de ser instrumentalizada por los grupos criminales en las nueve localidades.
“La implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección, a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital, se hace necesaria en estos momentos para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”, fue el llamado del Defensor del Pueblo.
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