La Procuraduría General de la Nación tomó este jueves 11 de junio dos decisiones disciplinarias que impactan de lleno al petrismo en medio de la recta final de la campaña presidencial. Por un lado, abrió investigación contra el representante Agmeth Escaf y lo suspendió provisionalmente; por el otro, puso bajo escrutinio a la congresista Gloria Arizabaleta por haber intentado ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro.

Qué pasó con Agmeth Escaf

La primera decisión recayó sobre el representante a la Cámara Agmeth Escaf, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria y le decretó suspensión provisional del cargo hasta el 21 de junio de 2026. La medida se tomó a raíz de expresiones que el congresista habría usado contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Según el órgano de control, Escaf se refirió al aspirante con expresiones “potencialmente irrespetuosas”. La decisión se sustenta en una entrevista del 9 de junio, en la que el representante dijo que el candidato “se está comportando como la perra de los Estados Unidos”.

El alcance de la medida

La suspensión provisional implica que Escaf quedará apartado de su cargo mientras avanza el proceso disciplinario. La decisión se mantendrá hasta el 21 de junio, fecha que coincide con el cierre de la segunda vuelta presidencial.

El caso agrega presión al clima político en plena campaña, donde cualquier pronunciamiento de congresistas o funcionarios puede terminar en una revisión por posible participación indebida o por faltas al respeto en el debate público.

El caso de Gloria Arizabaleta

La segunda determinación de la Procuraduría involucra a la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, quien firmó un auto que ordenaba apartar provisionalmente del cargo al presidente Gustavo Petro. El problema, según el ente de control, es que la congresista no tenía facultades para adoptar esa medida.

La Procuraduría señaló que Arizabaleta podría haber incurrido en una falta disciplinaria gravísima relacionada con un posible prevaricato. La decisión que firmó buscaba suspender al jefe de Estado hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, es decir, después de la segunda vuelta presidencial.

Por qué generó tanta polémica

Aunque el auto no tuvo efecto jurídico, la iniciativa generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos, incluido el propio petrismo. Para varios críticos, se trató de una actuación sin sustento legal y de una decisión que profundizó la tensión institucional en medio del momento electoral.

En la práctica, el documento no produjo la suspensión del presidente, pero sí abrió un nuevo frente de debate sobre los límites de la Comisión de Acusaciones y la competencia real de sus integrantes.

Un momento delicado para el petrismo

Las dos decisiones disciplinarias llegan cuando el Gobierno y el petrismo enfrentan un ambiente de alta presión política. La cercanía de la segunda vuelta ha elevado el tono del debate y ha puesto bajo observación a congresistas y dirigentes cercanos al oficialismo.

El caso de Escaf expone el riesgo de las declaraciones públicas en campaña, mientras que el de Arizabaleta abre una discusión más profunda sobre el alcance de las actuaciones institucionales de los legisladores en procesos que involucran al presidente.

Lo que sigue

Escaf deberá responder por las expresiones que motivaron la investigación, mientras Arizabaleta enfrentará las consecuencias disciplinarias de haber firmado una decisión que, según la Procuraduría, pudo exceder sus competencias.

Ambos casos podrían seguir escalando en medio de la disputa política, con efectos no solo jurídicos sino también electorales para el petrismo en la recta final de la contienda.

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