Redacción
Juan Sebastián Sosa
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre el retiro de visas a siete figuras políticas colombianas, entre ellas el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el exrepresentante a la Cámara Wadith Alberto Manzur. Varios de los incluidos enfrentan actualmente investigaciones en Colombia.
La decisión sobre las visas de Estados Unidos hace parte de una medida más amplia que cobija a 21 colombianos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Departamento de Estado señaló que las acciones están relacionadas con su estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico.
“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región. Estas acciones dan continuidad a los compromisos que los socios asumieron en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, señala el comunicado.
¿Quiénes son los siete políticos colombianos a los que Estados Unidos retiró la visa?
Entre las 21 personas cobijadas por la medida aparecen siete nombres vinculados con la política colombiana, el Congreso, administraciones locales y entidades estatales. El listado informado incluye:
Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.
Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.
Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exmiembro de la Cámara de Representantes.
Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa para la Cámara de Representantes.
Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador.
Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora.
José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
El Departamento de Estado explicó el alcance de la decisión y aseguró que su aplicación no depende de la filiación política de las personas involucradas.
“Esta política se dirige a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política. La Administración Trump apoya al gobierno de Colombia en su labor para eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”, explicó el Departamento de Estado.
¿Qué relación tienen algunos de los incluidos con el caso de la UNGRD?
Varios de los congresistas y excongresistas incluidos en el listado han sido vinculados a investigaciones por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Wadith Manzur habría actuado como portavoz de un grupo ante el Ministerio de Hacienda, según la acusación. La hipótesis de la Fiscalía se apoya en chats de Benavides en los que Manzur presuntamente ejercía presión para mover créditos y preguntaba por el avance de un proyecto en Cotorra.
Ese proyecto, por 50 mil millones de pesos, estaba destinado a obras de contención y prevención de inundaciones. Según los señalamientos, Manzur, Liliana Bitar y Julián Peinado se habrían repartido su participación en el proyecto.
Karen Manrique, quien ocupaba una curul de paz por Arauca, fue señalada por el exdirector de la UNGRD Olmedo López como coordinadora del negocio dentro de la Comisión de Crédito Público. Según la acusación, habría monitoreado contratos ante funcionarios de la entidad y del Ministerio de Hacienda.
Entre los elementos entregados por López a la Fiscalía aparece una libreta amarilla. Según el exdirector, en el folio 20 quedaron registrados los municipios y congresistas que se habrían beneficiado de contratos. La defensa de Manrique sostiene que la letra corresponde al exsubdirector Sneyder Pinilla y no a ella.
A Manrique se le habría asignado un proyecto en Saravena por 30 mil millones de pesos. Actualmente permanece en el Batallón de Ingenieros General Francisco Javier Vergara Velasco, en Malambo, Atlántico, después de que la Corte le negara la casa por cárcel.
¿Qué señalamientos existen contra Liliana Bitar y Wadith Manzur?
La exsenadora conservadora Liliana Bitar habría sido beneficiaria de otra parte del proyecto de Cotorra junto con Manzur y Peinado. Además, enfrenta un señalamiento relacionado con un presunto intento de eliminar conversaciones.
Según el testimonio de Benavides, Bitar la habría citado en junio de 2024 a un apartamento en Usaquén para pedirle que eliminara conversaciones de WhatsApp que habían sostenido.
Benavides habría aceptado la solicitud. De avanzar como un cargo independiente, ese episodio podría derivar en un señalamiento por destrucción de material probatorio.
Sin embargo, hasta ahora la acusación contra Bitar mencionada en la información entregada corresponde únicamente al delito de cohecho impropio.
En el caso de Manzur, los señalamientos se concentran en su presunta intervención frente al Ministerio de Hacienda y su posible participación en el proyecto de Cotorra, dentro de las investigaciones relacionadas con la UNGRD.
¿Qué investigaciones enfrenta Ricardo Roa en Colombia?
Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfrenta diferentes investigaciones judiciales y disciplinarias en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación lo acusa por la presunta compra irregular del apartamento 901 de un penthouse ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El inmueble habría sido adquirido por cerca de 1.800 millones de pesos, mientras su avalúo comercial superaría los 2.700 millones de pesos.
En la transacción habría intervenido el coronel retirado Juan Guillermo Mancera. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Roa habría obtenido el descuento a cambio de favorecer a Mancera en contratos relacionados con una filial de Ecopetrol, como Hocol.
Por su papel como gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, Roa también es investigado y acusado por una presunta violación de los topes permitidos de financiación. El excedente señalado superaría los 5.300 millones de pesos por recursos que no habrían sido reportados correctamente.
La Fiscalía también ha solicitado avanzar en indagaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de revisar movimientos financieros superiores a 63.677 millones de pesos en varios de sus productos bancarios entre enero y junio de 2022.
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