Redacción
Juan Sebastián Sosa
El caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, enfrenta un nuevo capítulo judicial después de la controversia que generó por llamar “ratita” a Ana Lucía Pineda, primera dama y esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Esta vez, el caso está relacionado con un contrato financiado con recursos públicos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de Paz encargado, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades relacionadas con la estructuración, supervisión y pago de un contrato otorgado a ‘Matador’.
Los cuestionamientos surgieron después de una revisión de los informes de ejecución del acuerdo, en la que la actual administración asegura haber encontrado inconsistencias entre las fechas de algunas actividades, los periodos cobrados y los soportes presentados. La denuncia busca que la Fiscalía determine si esas situaciones tienen relevancia penal y establezca eventuales responsabilidades.
¿Cuál es el contrato de ‘Matador’ que denunció el Gobierno?
El caso se concentra en el Contrato de Prestación de Servicios N.º 1937 de 2024, suscrito el 11 de octubre de 2024 entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y Julio César González Quiceno. El acuerdo fue financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación y comenzó con una cuantía de 257.040.000 pesos.
El valor inicial correspondía a mensualidades de 21.420.000 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses. Su objetivo era desarrollar una estrategia de pedagogía sobre el Acuerdo Final de Paz mediante diferentes expresiones gráficas y actividades pedagógicas.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, las partes modificaron las condiciones financieras mediante un otrosí. Con ese ajuste, el monto quedó establecido en 216 millones de pesos y las mensualidades pasaron a ser de 18 millones de pesos durante la ejecución contractual.
Entre las obligaciones estaban realizar talleres pedagógicos en municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o zonas de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), además de apoyar actividades territoriales relacionadas con la pedagogía de paz y asistir a exhibiciones públicas de sus caricaturas.
El contrato también contemplaba elaborar insumos para producciones audiovisuales, crear 10 piezas gráficas animadas o murales al mes y realizar tres talleres interactivos mensuales en colegios y universidades. A esto se sumaba la divulgación de contenidos en las redes sociales de ‘Matador’ para medir el impacto de la campaña.
¿Qué presuntas irregularidades encontraron en los informes de ‘Matador’?
La actual administración revisó los informes correspondientes a la ejecución contractual y aseguró haber encontrado diferencias entre las actividades reportadas y los periodos utilizados para justificar algunos cobros. Esos hallazgos fueron incluidos en el documento presentado ante la Fiscalía para que sean evaluados dentro de la investigación.
La supervisión estuvo a cargo de Gloria Isabel Cuartas Montoya, entonces directora de la Unidad de Implementación. Según la denuncia, se habrían certificado actividades correspondientes a fechas posteriores al periodo que estaba siendo cobrado y también existirían soportes que aparecieron en más de una mensualidad.
Uno de los casos señalados corresponde al periodo de mayo a junio de 2025, en cuyos informes habría sido incluido un taller realizado el 21 de julio de 2025 en San José del Guaviare. De acuerdo con el escrito, esa misma actividad ya había sido presentada para justificar la mensualidad correspondiente al periodo anterior.
Otro señalamiento aparece en el cobro de junio a julio de 2025, en el que se reportó un taller realizado el 20 de agosto de 2025 en la Universidad Surcolombiana de Neiva. La denuncia sostiene que esa actividad también figuraba en la cuenta inmediatamente anterior y que en esa mensualidad se adjuntó una pieza publicitaria supuestamente vinculada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
En la cuenta correspondiente a diciembre de 2024 y enero de 2025 se habrían presentado fotografías de talleres y de una exhibición realizada en la localidad de Usme con fecha del 21 de febrero de 2025. El señalamiento se concentra nuevamente en que los soportes tendrían una fecha diferente al periodo contractual utilizado para realizar el cobro.
¿Qué otros hallazgos quedaron incluidos en la denuncia?
La revisión del periodo comprendido entre enero y febrero de 2025 encontró, según el documento, soportes correspondientes a talleres desarrollados en abril de ese año en colegios de Usme. También apareció una actividad realizada en mayo de 2025 en Pueblo Rico, Risaralda, territorio que, según la información presentada, no estaba clasificado como PDET ni ETCR.
Los análisis documentales de diferentes mensualidades también habrían evidenciado la ausencia de métricas de redes sociales y evaluaciones de percepción. Estos elementos formaban parte de los requisitos establecidos para medir el alcance y nivel de impacto de los contenidos divulgados como parte de la estrategia.
Uno de los asuntos que deberá establecer la investigación es si la estrategia contratada llegó a ejecutarse integralmente. La revisión incluye la cantidad de materiales producidos, los canales utilizados para su divulgación y la relación de cada producto presentado con los objetivos institucionales contemplados en el acuerdo.
También se busca establecer si las actividades realizadas por el contratista correspondieron efectivamente a la naturaleza del contrato. Debido a que el propósito era impulsar contenidos sobre la implementación del Acuerdo de Paz mediante formatos gráficos, deberá determinarse cómo fue estructurada la campaña y cuál fue su alcance.
La denuncia resume la revisión documental de la siguiente manera: “Las observaciones que siguen corresponden a ocho períodos mensuales distintos: octubre-noviembre y noviembre-diciembre de 2024; diciembre de 2024-enero de 2025; enero-febrero, febrero-marzo, abril-mayo, mayo-junio y junio-julio de 2025. Respecto de marzo-abril de 2025, debe precisarse la identificación del informe respectivo, dado que los hechos 10 y 11 quedaron referidos a febrero-marzo. Se trata, por tanto, de doce períodos contractuales. La individualización de cada correo, sus adjuntos, remitente y fecha de recepción permitirá consolidar la cadena documental de estos hallazgos”.
¿Qué delitos pide investigar la denuncia contra ‘Matador’?
A partir de los hallazgos descritos, la denuncia presentada ante la Fiscalía solicita investigar la posible comisión de cinco delitos. Se trata de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La solicitud no se limita a establecer la actuación del contratista, sino que también busca determinar si existieron responsabilidades de funcionarios involucrados en la estructuración, vigilancia y supervisión del acuerdo. Será la investigación la que deberá establecer si las situaciones denunciadas configuran alguna conducta penal.
El denunciante sostiene que los hechos requieren ser examinados si “se establecen la intervención de sujetos legalmente calificados, la presencia de un interés indebido o la omisión dolosa de requisitos legales esenciales en las etapas penalmente relevantes, que son la tramitación, la celebración y la liquidación. La infracción del manual y la elección directa del contratista sin los análisis explícitos exigidos son hechos indicativos de un presunto delito”.
La Fiscalía ya abrió una indagación para establecer el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acuerdo. Dentro de ese proceso deberá contrastar los documentos, informes, actividades y soportes señalados para determinar qué ocurrió durante la ejecución y si existen elementos que permitan avanzar en alguna responsabilidad penal.
Los cuestionamientos contenidos en la denuncia corresponden, por ahora, a presuntas irregularidades que deberán ser verificadas por el ente investigador. La apertura de la indagación no determina por sí misma responsabilidad de ‘Matador’ ni de los funcionarios mencionados, pues será la Fiscalía la encargada de establecer el alcance jurídico de los hechos denunciados.
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