La Fiscalía de Estados Unidos endureció este jueves 8 de octubre la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, con nuevos cargos por conspiración para cometer torturas contra ciudadanos estadounidenses. Además, extendió a Flores la imputación por narcoterrorismo dentro del proceso que se adelanta en Nueva York. 

En el expediente aparecen presuntos acuerdos de Nicolás Maduro con las Farc relacionados con narcotráfico, explosivos y armas. La acusación estadounidense describe una reunión con antiguos comandantes guerrilleros en la que se habría discutido una deuda vinculada con el tráfico de drogas.

El proceso también incluye cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Los señalamientos forman parte de la tesis de la Fiscalía estadounidense y no constituyen hechos judicialmente probados. 

Presuntos acuerdos de Nicolás Maduro con las Farc: ¿qué dice la acusación?

Uno de los episodios centrales de la acusación, de 30 páginas, habría ocurrido después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. Según los fiscales, Maduro se habría reunido con Flores y tres antiguos comandantes de las Farc para abordar una obligación económica pendiente. 

Los dirigentes mencionados son Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’. La Fiscalía estadounidense los ubica en el supuesto encuentro con Maduro y Flores. 

De acuerdo con el expediente, durante esa reunión discutieron “el dinero que Maduro debía a las Farc en relación con su asociación para el narcotráfico”. La acusación no precisa el valor de la supuesta deuda ni identifica el lugar exacto donde se habría producido el encuentro. 

La Fiscalía agrega que, “para pagar al menos una parte de la deuda, Maduro aceptó vender explosivos de las reservas del Ejército a las Farc”. De esta manera, los investigadores vinculan el supuesto suministro de material militar con la obligación económica descrita en el expediente. 

Los fiscales también sostienen que Maduro conocía el posible alcance de ese acuerdo: “Maduro reconoció que también aumentaría la capacidad de las Farc para hacer la guerra contra Colombia”. Para ese momento, el gobierno de Juan Manuel Santos adelantaba las negociaciones de paz con las Farc en La Habana. 

Explosivos, armas y cocaína: los otros señalamientos del expediente

La acusación asegura que las operaciones relacionadas con armamento habrían continuado después de aquel encuentro. Según el documento, “las ventas de minas continuaron hasta aproximadamente 2015”, extendiendo estos movimientos durante los años siguientes. 

En ese periodo, Maduro habría facilitado “la venta de minas fabricadas en Cuba, entre otras armas, a grupos terroristas”. El señalamiento hace parte de la reconstrucción de más de dos décadas de presuntas operaciones que la Fiscalía atribuye a Maduro y su círculo de poder. 

El expediente también menciona a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). Alrededor de 2016, un alto funcionario identificado como “CC-1” habría impartido instrucciones a integrantes del organismo para coordinar movimientos de droga. 

Según la acusación, ese funcionario ordenó a oficiales de una unidad élite “que coordinaran el movimiento de cargamentos de droga”. El documento sostiene que “‘CC-1’ obtenía esos cargamentos de las Farc”, dentro de las presuntas redes vinculadas con funcionarios venezolanos. 

Los oficiales también habrían utilizado “camiones de carga que normalmente transportaban combustible” para movilizar armas hasta “un puerto venezolano, desde donde serían enviadas fuera de Venezuela”. Los investigadores presentan estos episodios como parte de una estructura más amplia de corrupción. 

Qué dice la acusación sobre las Farc y el ELN en Venezuela

Los señalamientos también alcanzan al funcionamiento del sistema judicial venezolano durante la administración de Hugo Chávez. La Fiscalía sostiene que funcionarios cercanos al poder habrían promovido decisiones favorables a integrantes de las Farc investigados por delitos cometidos en Venezuela. 

El documento afirma que, bajo la dirección de “CC-1” y otros colaboradores, “los jueces diseñaban regularmente la desestimación de casos contra miembros de las Farc”. Según el expediente, el propósito era “garantizar que las Farc pudieran continuar operando en Venezuela sin obstáculos”. 

La acusación no identifica a los jueces ni detalla cuáles procesos habrían sido archivados. Sin embargo, presenta esas actuaciones como parte de una presunta práctica institucional vinculada con las relaciones entre sectores del poder venezolano y la antigua guerrilla. 

El expediente sostiene además que las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) obtenían recursos mediante actividades ilícitas en territorio venezolano: “Cobraban ‘impuestos’ mediante extorsión en las zonas que controlaban en Venezuela”. 

En el caso del ELN, la Fiscalía ubica otro episodio entre 2022 y junio de 2024. Un funcionario identificado como “CC-3” habría ordenado a miembros de la DGCIM “ocultar narcóticos en cargamentos de chatarra” pertenecientes a un empresario local. 

Los investigadores afirman que ese funcionario “viajaba regularmente a destinos controlados por el Eln cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso continuo y seguro de la cocaína”. Este señalamiento cierra uno de los apartados del expediente sobre las presuntas conexiones con organizaciones armadas colombianas.

Comparte en: