El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó en 23,78% el aumento del salario mínimo para 2026, una de las alzas más altas de la historia reciente. La decisión, conocida este viernes 13 de febrero, representa un nuevo revés para el Ejecutivo y revive el debate sobre los criterios técnicos que deben respaldar la fijación del salario mínimo en Colombia.

¿Por qué se suspendió el decreto del salario mínimo?

El magistrado ponente del Consejo de Estado, encargado de estudiar la legalidad del acto administrativo, ordenó frenar temporalmente los efectos del decreto mientras se resuelve de fondo una demanda que cuestiona su validez. En la práctica, esto significa que el incremento del 23,78% queda en pausa y no podrá seguir aplicándose bajo las mismas condiciones jurídicas con las que fue expedido.

Según la decisión, el alto tribunal consideró que el aumento no podía sustentarse únicamente en una determinación política, sino que debía estar plenamente soportado en criterios económicos y constitucionales. Por esta razón, optó por la suspensión provisional como medida cautelar mientras se adelanta el estudio detallado del caso.

Ocho días para un nuevo decreto: la orden al gobierno

La providencia del Consejo de Estado le dio al Gobierno nacional un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto provisional de salario mínimo para 2026. Ese nuevo acto deberá ajustarse a los parámetros macroeconómicos establecidos en la Ley 278 de 1996 y en su desarrollo jurisprudencial.

Entre los criterios que deberán tenerse en cuenta están la inflación, la productividad, el comportamiento de la economía y la contribución de los salarios al ingreso nacional, que hacen parte de la concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. El objetivo es que el porcentaje que se fije responda a una combinación de estos factores y no solo a la voluntad del Gobierno de turno.

El contexto: el aumento del “salario mínimo vital” a 2 millones de pesos

El 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció por decreto un aumento del salario mínimo para 2026 que lo dejó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, para un total cercano a 2 millones de pesos. El ajuste, del 23,7% frente al año anterior, fue presentado como un paso hacia el llamado “salario mínimo vital” que defiende el Gobierno.

La decisión se tomó luego de que fracasara el consenso en la mesa de concertación entre sindicatos, empresarios y el Ejecutivo, por lo que el Gobierno optó nuevamente por fijar el incremento mediante decreto. Ese porcentaje, sin embargo, generó fuertes críticas de algunos sectores económicos, que advirtieron sobre el impacto en los costos laborales y en el empleo, y terminó siendo objeto de varias demandas ante el Consejo de Estado.

Criterios económicos y legales en juego

El Consejo de Estado recordó que, según la Ley 278 de 1996, el Gobierno debe motivar la fijación del salario mínimo atendiendo a la meta de inflación, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y otros indicadores macroeconómicos. La queja central de los demandantes es que el decreto no habría justificado de manera suficiente cómo el incremento del 23,7% se ajustaba a esos parámetros.

La advertencia del alto tribunal va en la línea de que el salario mínimo no puede definirse solo como una bandera política o una promesa de campaña, sino como el resultado de un análisis técnico integral. En últimas, la discusión se mueve entre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y la obligación de garantizar sostenibilidad económica y seguridad jurídica.

¿Qué implica para trabajadores y empresas?

Con la suspensión provisional, el decreto original queda en pausa mientras se expide el nuevo acto transitorio y se resuelve la demanda en el Consejo de Estado. La nueva norma que emita el Gobierno en los próximos días regirá de manera temporal hasta que haya una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento.

Expertos en derecho laboral y economía señalan que, en principio, la suspensión no debería traducirse en una desmejora inmediata para los trabajadores, pero sí abre un periodo de incertidumbre sobre el valor final del salario mínimo para 2026. Para las empresas, el escenario obliga a estar atentas a los ajustes normativos y a prepararse para eventuales cambios en su estructura de costos fijos ligados a la nómina.

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