Redacción
Juan Sebastián Sosa
Continúa la novela sobre el contrato de los pasaportes. Lo más reciente que se conoció del tema es que el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, advirtió este martes que no se firmará el contrato con Thomas Greg & Sons, que había entregado el exsecretario José Antonio Salazar, por las “irregularidades” bajo las que se adjudicó.
“Lo que sí hemos dicho es que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, señaló.
Tras ese anuncio, la empresa no se quedó de brazos cruzados. Le envió un derecho de petición al gobierno de Gustavo Petro en el que piden que se expliquen los detalles de las supuestas irregularidades y las razones por las que no van a adjudicar el contrato.
“No es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general”, señalan en el documento.
Ahora la pregunta que surge es: ¿cuáles son las consecuencias de que el Gobierno no firme ese contrato con Thomas Greg & Sons, a pesar de que ya fue adjudicado por el exsecretario general?
Las consecuencias de no firmar el contrato de los pasaportes
El diario El Heraldo, de Barranquilla, le consultó al abogado especialista en derecho comercial y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Édgar Iván León, sobre los escenarios que podría enfrentar el Gobierno nacional.
Según explicó León, existe “una dificultad desde el orden jurídico consistente en que el Estado, a través de sus agentes, estableció su consentimiento para la celebración del contrato. Esto generó una expectativa en cabeza de Thomas Greg & Sons que puede conllevar una responsabilidad contractual y exigir ante los jueces la celebración del contrato y los perjuicios materiales y morales ocasionados con ello”.
En ese sentido, no firmar el contrato podría acarrear demandas que podrían superar los 600 mil millones de pesos, el valor del contrato. En ese escenario, el Gobierno queda con la obligación de resarcir como perjuicios materiales a la que empresa que tenía previsto recibir el contrato.
Pero esa no sería la única sanción: el panorama se complica porque habría que resarcir a esa empresa por el “daño reputacional” que se le puede causar. También intereses por todo el tiempo que ha durado el proceso. Lo cierto es que el pleito podría ser largo y costoso.
“El detrimento patrimonial puede ser muy alto y esto puede traer consecuencias disciplinarias y fiscales muy grandes para los agentes estatales involucrados en esta decisión, que deberán repetir a favor del Estado con su patrimonio toda esta erogación”, advirtió.
Otros escenarios jurídicos
Por su parte, Álvaro Sarmiento, coordinador del Área de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, le dijo a ese medio que el Gobierno podría experimentar tres escenarios posibles.
“Mantener la declaratoria de urgencia manifiesta; no suscribir el contrato como lo manifestó Murillo o acogerse al lapso de 7 meses que tendría el Gobierno para definir si firma o no el contrato con la firma británica”, indicó.
En cuanto al primer escenario, señaló que la urgencia manifiesta es “una figura en contratación estatal que indica que a pesar de las circunstancias se puede contratar de forma directa mientras se superan las circunstancias”.
En cuanto a la opción de no firmar el contrato, como ha planteado Murillo, “la decisión que corresponde en derecho, que en principio sería la que el Estado indique, que es no continuar con el contrato y volverlo a plantear o volver a licitarlo. Sin embargo, los antecedentes indican que la recomendación inicial era suscribir el contrato y ahí terminar el asunto”.
Por último, el tercer escenario es optar por usar el lapso de siete meses para revisar una vez más los parámetros de la licitación y establecer si se otorga o no el contrato.
Para el jurista, este escenario también sería complejo porque “el contratista, en este caso Thomas Greg, puede alegar que ya le adjudicaron y por ende no le pueden desconocer ese derecho”.
Sobre el monto que podría tener la demanda, indicó que esto dependería del “tiempo, la demora, los costos que ha representado todo el desgaste previo y la incertidumbre entre comillas legal o los vacíos que se están presentando, y la nueva interpretación del Gobierno en consultarle a las entidades que mencioné respecto a la viabilidad o no del contrato
Sobre el monto de la demanda, el académico recordó que el contratista, a la hora de emprender una acción judicial, podría tener en cuenta “el tiempo, la demora, los costos que ha representado todo el desgaste previo y la incertidumbre entre comillas legal o los vacíos que se están presentando, y la nueva interpretación del Gobierno en consultarle a las entidades que mencioné respecto a la viabilidad o no del contrato”.
Comparte en:
