Redacción Angélica González

Astrid Eliana Cáceres, la directora del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), anunció por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que se están adelantando investigaciones por presuntos hechos de corrupción en esa entidad. Las irregularidades estarían relacionadas con la contratación.

 

“Se encontró que 220 contratos estaban en manos de 59 operadores que tenían en varias características: mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance”, dio a conocer Cáceres.

 

Lo más preocupante de la denuncia es que los contratos de operadores “son los que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición”, de acuerdo con Astrid Cáceres.

 

En ese sentido, indicó que algunos contratos que fueron adjudicados anteriormente y que debían realizarse en un tiempo específico, los ejecutaron en un tiempo menor para no pagarles a los proveedores. Sin embargo, a la entidad sí se le materializaba el cobro por el tiempo completo.

 

Según la directora del Icbf, estas fundaciones y organizaciones con presuntos contratos irregulares para la atención de la niñez “han tenido relación directa con clanes políticos. En el Gobierno del cambio los recursos de los niños y niñas son una responsabilidad, no un negocio”.

 

Finalmente, señaló que “no vamos a tolerar la corrupción”. Los casos ya fueron puestos a disposición de las autoridades y explicó que la entidad ha dejado de contratar con esos operadores “promoviendo el control a la veeduría ciudadana”.

 

 

 

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