Redacción
Juan Sebastián Sosa
En la mañana de este lunes, el Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país como respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenaza contra el personal del Inpec. También por el caos que se vive en Tuluá, Valle del Cauca, por cuenta de la banda ‘La Inmaculada’.
Tras una Sesión Extraordinaria del Concejo Directivo del Inpec, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que se tomó la decisión por unanimidad: “obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, en los últimos días”.
Así como a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. “Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Otro de los temas que se tuvo en cuenta para decretar la emergencia carcelaria es el aumento exacerbado de la extorsión que se ha venido registrando e Tuluá, en donde se libra una fuerte guerra contra la banda de ‘La Inmaculada’ y que ha dejado varios muertos.
Asimismo, señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.
Medidas que se pueden realizar en medio de la emergencia carcelaria
“Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención”, explicaron desde la cartera.
El Inpec señaló que se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria. Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
“Consideramos que es el momento de actuar unidos. El enemigo son esas estructuras criminales que están heridas y es el momento para que el Gobierno y los sindicatos del Inpec actuemos conjuntamente”, añadió Osuna.
Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID 19.
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