Más de 30 mil niños en nueve departamentos del país están sin atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), debido a que cientos de jardines infantiles cerraron por cambios del gobierno Petro en la contratación con esa entidad, según reveló La Silla Vacía. 

Esa falta de atención se debe a las directivas que emitió el propio presidente Petro en las que pedía que el Icbf priorizara la contratación de organizaciones sin ánimo de lucro y juntas de acción comunal, con el objetivo de que lo qué él ha llamado “la economía popular” contrate con el Estado. Esto, en vez de contratar con privados. 

Habitualmente, lo que hacía el Icbf era contratar con operadores privados, quienes a su vez subcontrataban a asociaciones cuidadoras para cumplir sus labores. Sin embargo, el nuevo modelo habría traído una ejecución accidentada y poco ordenada. 

Los departamentos más afectados, de acuerdo con la información de ese medio, son: Santander, Valle del Cauca, Cesar, Risaralda, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y La Guajira.

La ejecución de esas directrices del mandatario fue seguida al pie de la letra por Astrid Rodríguez, la directora del Icbf.

Lo que pasa es que los cambios en la contratación, según denuncia el medio, fueron sobre el tiempo y los contratos vencidos no lograron ser renovados a tiempo. Esto ha causado impacto principalmente en los Centros de Desarrollo infantil, unos jardines gratuitos para niños de hasta 5 años, donde los niños reciben cuidado y alimentación. 

Cambios de los operadores privados a la contratación de la economía popular

Para materializar esas modificaciones, la subdirección general de Primera Infancia del Icbf emitió un memorando el 7 de diciembre del 2023: allí ordenó que “se priorizará la contratación con las asociaciones de padres y madres usuarios del servicio y de padres usuarios o madres comunitarias y con las organizaciones sociales, civiles y comunitarios de acción comunal”. 

Para ello, la entidad autorizó cambios en el manual de contratación para adelantar procesos de invitación cerrada a este tipo de organizaciones. Lo que hace dicha solicitud es quitarle espacio a los operadores que tienen múltiples contratos y participan en procesos de selección abierta, muchos de los cuales han presentado líos de corrupción. 

El memorando se publicó menos de un mes antes de que se vencieran los contratos vigentes, al finalizar el 2023. Así, cada regional lanzó procesos de contratación cerrada. 

Por ello, muchos de los contratos aún no están firmados, hay cientos de zonas desiertas y faltan trámites para que los nuevos operadores empiecen a funcionar. 

La respuesta del Icbf

Al respecto, el Icbf señaló que las demoras se deben a que la contratación tradicional en la entidad, "en especial en primera infancia, se quedaba en manos de grandes contratistas. (…) Nuestro mensaje es claro: ¡atender a la población no es un negocio!”, dijo un portavoz. 

“Los tiempos se han extendido porque se hizo un trabajo de participación ciudadana en el que el control social fue primordial; han llegado denuncias de falsificación de documentos, de que se disfrazaron fundaciones en organizaciones sociales para poder seguir teniendo la contratación y esas quejas las hemos estudiado a fondo de la mano de la Procuraduría”, añadieron. 

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