Redacción admin

La indignación no cesa tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien continúa en estado crítico en la Fundación Santa Fe, luego de que un menor de 15 años le disparara en varias ocasiones cuando hacía un mitin político en un parque de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

 

En medio del debate que ha despertado este caso, la representante Piedad Correal, del Partido Liberal, anunció que el próximo 20 de julio presentará un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal en Colombia, pasando de 18 a 14 años en delitos de alto impacto.

 

“No más homicidios y terrorismo cometidos por menores de edad en este país”, afirmó la congresista desde la plenaria de la Cámara. Su propuesta ha abierto nuevamente la discusión sobre los límites del actual sistema penal juvenil.

 

Actualmente, los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente. En caso de cometer un delito, son remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que les aplica medidas de protección y restablecimiento de derechos.

 

 

 

 

Por su parte, los adolescentes entre 14 y 18 años sí responden penalmente, pero a través del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Este busca más la resocialización que el castigo, con medidas que pueden ir desde reglas de conducta hasta, en casos graves, internamiento en centros especializados.

 

¿Qué cargos enfrentará el menor que atacó a Miguel Uribe?

 

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitará que el joven sea enviado a un centro especializado de reclusión para menores de edad. Esta medida busca garantizar el avance del proceso penal, evitar la obstrucción de la justicia y proteger tanto al menor como a la comunidad, mientras se esclarecen los hechos.

 

Además del impacto del ataque, la Fiscalía sustenta su petición en la evidencia reunida: videos del momento del atentado, grabaciones del sector y testimonios de testigos presenciales.

 

 

¿Qué implica la tentativa de homicidio en menores?

 

La tentativa de homicidio, según la ley colombiana, contempla una conducta dirigida a quitarle la vida a otra persona sin que se concrete el resultado fatal. En el caso de los menores, esta conducta sigue siendo catalogada como gravísima, pero se procesa bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, regulado por el Código de Infancia y Adolescencia.

 

En palabras del abogado penalista Saúl León, un menor procesado por este delito podría recibir una pena de hasta 8 años de privación de libertad, en centros especializados, no en cárceles para adultos. Estas penas también consideran factores como la conducta del menor y su disposición a estudiar o colaborar con el proceso.

 

 

Porte ilegal de armas, otro cargo de peso

 

Al adolescente también se le imputará porte ilegal de armas de fuego, un delito autónomo que agrava aún más su situación jurídica. Las autoridades buscan establecer cómo tuvo acceso al arma y si fue inducido por un tercero a usarla.

 

En Colombia, portar un arma sin permiso es ilegal tanto para mayores como para menores, pero en el caso de adolescentes, el castigo se orienta hacia la resocialización, aunque sin desconocer la peligrosidad del acto.

 

 

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