La Corte Suprema de Justicia tomó una nueva decisión dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este miércoles 11 de marzo, la Sala de Instrucción del alto tribunal acusó formalmente por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un excongresista por su presunta participación en este caso.

Según la decisión judicial, dos de los investigados deberán enfrentar el proceso con medida de aseguramiento en centro carcelario. Se trata del senador Wadith Alberto Manzur Imbett, del Partido Conservador, y de la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, elegida por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

El pronunciamiento de la Corte Suprema marca un nuevo avance en el proceso judicial relacionado con el presunto saqueo a la Ungrd. La investigación busca esclarecer si varios congresistas habrían recibido beneficios o promesas de contratación a cambio de intervenir en decisiones relacionadas con operaciones de crédito del Gobierno.

Además de Manzur y Manrique, la acusación también involucra a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. En su caso, continuarán vinculados al proceso, pero permanecerán en libertad mientras avanza el trámite judicial.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos investigados por la Corte Suprema?

De acuerdo con la investigación de la Corte Suprema de Justicia, los hechos se habrían presentado durante el segundo semestre de 2023, cuando los congresistas investigados hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Esta comisión del Congreso tiene la responsabilidad de emitir concepto sobre las operaciones de endeudamiento externo que realiza el Gobierno nacional. Según la Corte, algunos integrantes de esa instancia habrían recibido ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para favorecer el trámite de esos créditos.

El alto tribunal señaló que en varias reuniones se habría discutido la entrega de beneficios a los congresistas a cambio de respaldar esas operaciones financieras. Las contraprestaciones, según la investigación, estarían relacionadas con contratos y obras vinculadas a proyectos de la Ungrd.

“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”, señaló la Corte Suprema de Justicia.

Para el alto tribunal, el material probatorio recolectado durante la investigación permite inferir que los procesados habrían incurrido en el delito de cohecho impropio.

Qué es el delito de cohecho impropio según la ley colombiana

El cohecho impropio es un delito que ocurre cuando un servidor público acepta dinero, regalos u otros beneficios por realizar actos propios de su cargo. En este caso no es necesario que el funcionario prometa cometer un acto ilegal; basta con aceptar la dádiva mientras ejerce sus funciones.

Este delito está regulado en el artículo 406 del Código Penal colombiano, dentro del capítulo de los delitos contra la Administración Pública. La norma busca sancionar conductas que comprometen la transparencia y la integridad en el ejercicio de los cargos públicos.

El artículo establece que un servidor público incurre en este delito cuando acepta para sí o para otra persona dinero, utilidades o promesas remuneratorias por actos que debe ejecutar dentro de sus funciones.

Según el Código Penal, la conducta puede configurarse incluso cuando el funcionario recibe beneficios de personas que tienen interés en asuntos que están bajo su conocimiento o decisión dentro del cargo.

Estas disposiciones buscan evitar que la función pública sea utilizada para obtener ventajas personales o para favorecer intereses particulares.

Penas que contempla la ley por el delito de cohecho impropio

La legislación colombiana establece sanciones severas para quienes sean encontrados responsables de cohecho impropio, debido al impacto que este delito tiene sobre la confianza en las instituciones públicas.

Entre las principales penas que contempla la ley se encuentran prisión entre 64 y 126 meses, lo que equivale aproximadamente a entre 5 y 10 años de cárcel.

Además de la privación de la libertad, la norma también establece una multa económica que puede ir de 66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad del caso.

Otra sanción importante es la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que puede ir de 80 a 144 meses, lo que impediría a los responsables desempeñar funciones dentro del Estado durante varios años.

En el caso específico del proceso relacionado con la Ungrd, la decisión de acusación de la Sala de Instrucción deberá quedar en firme antes de que el expediente pase a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Ese tribunal será el encargado de continuar con el proceso judicial, analizar las pruebas presentadas y determinar en las siguientes etapas si existe responsabilidad penal de los implicados en los hechos investigados.

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