Redacción
Juan Sebastián Sosa
Laura Sarabia, excanciller y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el gobierno de Gustavo Petro, fue imputada este lunes 14 de septiembre de 2026 por tres delitos por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza, quien trabajó como niñera para la exfuncionaria.
La audiencia comenzó a las 9:30 a. m. y durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Sarabia por tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. La investigación busca establecer su responsabilidad en los hechos ocurridos en enero de 2023, después de la desaparición de una suma de dinero de su vivienda.
Para ese momento, Sarabia se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia. Según la investigación, después de conocerse la pérdida del dinero, Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones oficiales, pese a que era una trabajadora particular de la entonces funcionaria.
El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos y personal vinculados a la Presidencia para esclarecer un asunto ocurrido en la residencia de Sarabia. Durante la imputación, la Fiscalía expuso su versión de los hechos y explicó las conductas con las que sustenta cada uno de los tres delitos.
¿Por qué imputaron a Laura Sarabia por abuso de función pública?
El primer cargo formulado contra Laura Sarabia fue abuso de función pública. La fiscal Patricia Hernández reconstruyó los acontecimientos que, según el ente acusador, comenzaron el viernes 27 de enero de 2023, cuando la entonces jefa de Gabinete se preparaba para viajar desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) hacia Cali.
Sobre ese momento, la fiscal señaló: “usted se dirigió a Catam para tomar un avión que la llevaría a Cali a cumplir con sus funciones. Usted llevaba consigo un maletín con artículos personales. Dentro de este usted guardó una bolsa de tela color negro que contenía dinero y documentos”.
Antes del viaje, Sarabia entregó la maleta a su jefa de seguridad, la teniente Sandy Alvernia Guerrero, para que fuera llevada hasta su vivienda. Allí, según la reconstrucción presentada durante la audiencia, el bolso fue recibido por Marelbys Meza.
Dos días después, el 29 de enero, Sarabia se encontraba en Villa de Leyva cuando llamó a su esposo para pedirle que buscara la bolsa negra dentro del maletín. Al no encontrarla, la entonces funcionaria informó de la situación al coronel Feria Buitrago, jefe de Protección Presidencial.
“Enterada de la pérdida, usted contactó al coronel Feria Buitrago, jefe de Protección Presidencial, a quien le contó la pérdida de dinero. El coronel dio instrucciones a sus subalternos para que adelanten labores investigativas”, narró la fiscal.
De acuerdo con la imputación, Sarabia regresó a su vivienda ese mismo 29 de enero y, junto al capitán Oscar Leandro Mojica, llamó al coronel Feria “y le ordenó que le practique una prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Hora más tarde, ese mismo domingo usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba”.
La Fiscalía considera que esa actuación habría excedido las funciones que Sarabia tenía como jefa de Gabinete. La tesis del ente acusador es que habría utilizado su posición y recursos oficiales para ordenar una actuación relacionada con un asunto de carácter personal.
¿En qué consiste la acusación por constreñimiento ilegal contra Laura Sarabia?
El segundo delito imputado fue constreñimiento ilegal. Para explicar este cargo, la Fiscalía se remontó a la relación laboral entre Sarabia y Meza. Según expuso, ambas se conocieron en 2018, cuando Meza trabajaba como niñera de Armando Benedetti, y posteriormente Sarabia la contrató después del nacimiento de su hijo.
El 29 de enero de 2023, después de advertir la desaparición del dinero, Andrés Parra, esposo de Sarabia, llamó a Meza para pedirle que regresara a la vivienda debido a que ella había recibido el maletín dos días antes.
La fiscal describió las condiciones que habría encontrado Meza al regresar. “A su ingreso al apartamento, la señora Meza notó un incremento del esquema de seguridad, habían llegado inclusive funcionarios de criminalística”, narró.
Posteriormente, Parra se reunió en privado con la exniñera para hablar sobre el dinero desaparecido, “instándola a devolverla bajo la promesa de que no le pasaría nada. Ella negó haberse apropiado de ese efectivo”.
La Fiscalía aseguró que Sarabia también habló a solas con su entonces empleada. Según el ente acusador, “se reunió a solas con Marelbys, la confrontó e interrogó por el paradero del dinero. Ella reiteró su inocencia y le respondió que era incapaz de robarle, manifestándole el temor que le tenía porque sabía de su poder en el Gobierno”.
A partir de estos hechos, el ente acusador sostiene que Meza habría aceptado someterse al polígrafo bajo una situación de temor. Según la tesis presentada en la audiencia, la exniñera habría considerado que, si se negaba, podía ser señalada como responsable del robo y terminar en la cárcel.
Este punto será uno de los asuntos discutidos por la defensa. El abogado Mario Iguarán pidió que la Fiscalía precise cuál fue concretamente la conducta mediante la cual sostiene que Sarabia constriñó a Meza el 29 de enero.
¿Por qué la Fiscalía imputó a Laura Sarabia por peculado por uso?
El tercer cargo contra Laura Sarabia fue peculado por uso, delito que, según la información entregada, fue incorporado al expediente en los últimos días por el equipo investigador.
La acusación está relacionada con la utilización de los equipos técnicos empleados para practicarle el polígrafo a Marelbys Meza. La Fiscalía sostiene que Sarabia conocía los límites de sus atribuciones como funcionaria y, aun así, habría propiciado el uso de esos recursos para esclarecer la pérdida del dinero.
Al desarrollar este cargo, la Fiscalía aseguró: “Sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ordenando la práctica de pruebas de uso específico. Cuando le pidió a Marelbys Meza que se sometiera al polígrafo, sabía que ella era su subordinada laboral, conocía de la existencia del desequilibrio del poder, sabía que ella no tenía posibilidades de negarse a la práctica del polígrafo. También sabía que los equipos técnicos de poligrafía tenían unas finalidades específicas, y que estaba determinando el uso indebido de estos para la satisfacción de intereses privados. No obstante, ese conocimiento, su voluntad se dirigió a hacerlo”, concluyó la Fiscalía.
Con este señalamiento, el ente acusador plantea que equipos destinados a unas finalidades específicas habrían terminado utilizándose para atender un interés privado relacionado con la pérdida del dinero en la vivienda de Sarabia.
La imputación por peculado por uso generó cuestionamientos de la defensa debido a que, según lo señalado durante la diligencia, este delito fue añadido en los últimos días. El abogado Mario Iguarán manifestó su sorpresa por su incorporación.
Iguarán también cuestionó algunas de las afirmaciones realizadas por la Fiscalía. Entre ellas, pidió claridad sobre la afirmación de que Sarabia sabía que la prueba del polígrafo era ilícita y solicitó que se establezca cuál habría sido el acto concreto mediante el cual se materializó el supuesto abuso de función pública.
¿Qué relación tienen las interceptaciones a Marelbys Meza con el caso?
El caso no quedó limitado a la prueba del polígrafo. La controversia aumentó cuando se conoció que el teléfono de Marelbys Meza había sido interceptado por organismos de inteligencia de la Policía.
Según la investigación, Meza y otra mujer, Fabiola Perea, aparecieron en informes de policía judicial como supuestas integrantes del Clan del Golfo. En esos documentos fueron relacionadas con los alias de “La Cocinera” y “La Madrina”.
Las interceptaciones posteriormente fueron cuestionadas debido a que las dos mujeres no tenían relación con esa organización criminal. La investigación señala que se habría utilizado información falsa para conseguir las autorizaciones judiciales necesarias para intervenir sus comunicaciones.
Este episodio amplió el alcance del escándalo que había comenzado con la desaparición del dinero y el polígrafo. El caso pasó a involucrar cuestionamientos sobre procedimientos realizados con infraestructura y personal vinculados al Estado.
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