Redacción
Angélica González
El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes 8 de septiembre el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La medida pone fin a una restricción que, según el mandatario, afectaba principalmente al ciudadano que cumple la ley, mientras los criminales continuaron armándose ilegalmente.
Las cifras de la inseguridad
Durante su mensaje, el jefe de Estado reveló cifras que, según su gobierno, muestran dónde está la verdadera amenaza en materia de seguridad.
Entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Además, el presidente detalló que 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias se encontraron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, recalcó De la Espriella.
No es porte indiscriminado, afirma De la Espriella
El mandatario fue enfático en aclarar que el levantamiento de la suspensión NO significa porte indiscriminado de armas.
Según explicó, se mantienen los controles estrictos, los requisitos y los permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó el presidente.
Antecedentes de la medida
La suspensión general de los permisos para porte de armas había sido implementada en administraciones anteriores como una medida de seguridad excepcional.
Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella argumenta que esta restricción afectaba desproporcionadamente a los ciudadanos que tramitaban sus permisos de manera legal, mientras no lograba frenar el armamento ilegal de las estructuras criminales.
La nueva política de seguridad del presidente busca equilibrar el control estatal sobre las armas con el derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos por la ley.
Reacciones y contexto
La decisión se produce en medio de un primer mes de gobierno marcado por una ofensiva militar contra grupos armados ilegales y una reconfiguración de la política de seguridad.
Durante las primeras semanas de su administración, el presidente ha ordenado operaciones contra disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN, con resultados que incluyen capturas, incautaciones de armas y neutralización de cabecillas.
La medida también coincide con el fin de los diálogos de paz con estructuras como los Comuneros del Sur, tras lo cual la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra varios de sus integrantes.
El Gobierno sostuvo que la seguridad de Colombia “no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”.
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