Redacción
Angélica González
María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó que tiene chats, fotografías e información sobre amenazas que habrían surgido antes del atentado contra su esposo.
En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona aseguró que no ha entregado ese material a la Fiscalía General de la Nación porque teme que se filtre y ponga en riesgo a la persona que le hizo llegar la información. Sus declaraciones corresponden a su versión sobre el caso y deberán ser valoradas por las autoridades competentes.
Las presuntas amenazas previas
Tarazona sostuvo que conserva en su celular un conjunto de documentos que describió como un “archivo del miedo”. De acuerdo con su relato, el material contiene chats, fotografías y rastros de amenazas detectadas aproximadamente dos meses antes del ataque.
La viuda del dirigente señaló que esa información estaría relacionada con posibles estructuras armadas que operan en Caquetá y mencionó nombres asociados por ella con la Segunda Marquetalia, entre ellos alias Iván Márquez, Kendry y El Zarco.
No obstante, hasta el momento no se ha hecho público el contenido completo de esos archivos ni existe una confirmación oficial de la Fiscalía sobre las pruebas específicas que dice poseer Tarazona.
La Fiscalía ha informado que una de las líneas investigativas analiza una posible relación entre el crimen y miembros de la Segunda Marquetalia. Documentos divulgados recientemente también señalan que la hipótesis de una filtración en el esquema de seguridad fue identificada dentro de la investigación semanas después del atentado.
“El esquema estaba infiltrado”
María Claudia Tarazona aseguró que sospechó desde el primer momento que el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay pudo haber sido infiltrado.
Según su versión, la logística del evento en el parque El Golfito, en Fontibón, plantea interrogantes porque el senador habría tenido un retraso aproximado de una hora en su agenda. Para Tarazona, los agresores no habrían podido conocer con precisión el momento de su llegada sin información interna.
También cuestionó el dispositivo de seguridad durante el acto político. Afirmó que Uribe Turbay quedó expuesto desde distintos ángulos y que no se habría establecido un perímetro adecuado para protegerlo.
La viuda señaló que, después del atentado, integrantes del mismo esquema cuestionado continuaron a cargo de su seguridad y del traslado de su hijo Alejandro al colegio durante cerca de un año. En días recientes, el esquema de protección de la familia fue cambiado tras alertas sobre una presunta infiltración.
El atentado contra Miguel Uribe
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un evento político en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
El entonces senador permaneció hospitalizado durante alrededor de dos meses a causa de las heridas sufridas en el atentado. Murió el 11 de agosto de 2025.
Tarazona sostiene que el crimen no fue únicamente la acción de sicarios, sino el resultado de una cadena de fallas de seguridad y posibles filtraciones. Estas afirmaciones hacen parte de sus denuncias públicas y no equivalen, por sí solas, a responsabilidades judicialmente establecidas.
Corte ordenó disculpas públicas de la UNP
En medio de las críticas de Tarazona al manejo del esquema de protección, la Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay.
La decisión se produjo después de una tutela presentada por Tarazona. La Corte concluyó que el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, excedió los límites de sus funciones al divulgar públicamente información sobre la operación del esquema de seguridad y asuntos de la vida privada de la familia.
La entidad deberá realizar una rueda de prensa de alcance nacional para ofrecer las disculpas. Además, tendrá un mes para actualizar sus protocolos internos sobre el manejo de información relacionada con esquemas de protección, especialmente aquella vinculada con la intimidad de las personas protegidas y sus familias.
La información sigue sin ser entregada
Tarazona reiteró que no se siente segura para entregar los chats y fotografías que, según dice, podrían aportar datos sobre las amenazas previas al atentado.
La decisión ha abierto preguntas sobre cómo podría incorporarse ese material a la investigación sin poner en riesgo a las fuentes o comprometer información sensible.
Por ahora, la Fiscalía continúa con las líneas de investigación relacionadas con los autores materiales, los posibles determinadores del crimen y la presunta filtración de información desde el esquema de protección. Las conclusiones judiciales dependerán de las pruebas que sean verificadas y presentadas formalmente dentro del proceso.
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