Redacción admin

El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió este lunes 26 de febrero una prohibición en contra del uso del llamado "lenguaje inclusivo" en organismos públicos como el Ejército Nacional y, posteriormente, la amplió a toda la administración.

 

“Prohíbase la utilización del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del ministerio”, sostiene el decreto que firmó el ministro Luis Petri, según informó la revista Semana.

 

Según lo anterior, las comunicaciones oficiales del estado no podrán utilizar términos como “sargenta” o “caba”. De igual manera, estructuras usadas para referirse a personas que se identifican como no binarias, como “soldadxs” o “soldades”.

 

“Deberá emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas", agrega el texto.

 

 

 

 

La prohibición se extiende a la administración nacional

 

Sin embargo, dicha restricción no se limita solo al ámbito militar, pues, según informó el diario El Espectador, fuentes oficiales del gobierno argentino advierten que la prohibición trascenderá a toda la administración nacional.

 

El portavoz presidencial, Miguel Adorni, sostuvo que “se van a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, que se ha utilizado como negocio de la política”.

 

 

@voceriapresidencial Por decisión del Presidente Javier Milei se va a prohibir el lenguaje inclusivo en toda la administración pública. #ManuelAdorni #Adorni #Milei #argentina🇦🇷 ♬ sonido original - Vocería Presidencial

 

 

“El lenguaje que contempla a todos los sectores es el español y es un debate en el que nosotros [como Gobierno] no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política. Esta decisión ya la había tomado el Ministerio de Defensa y es, simplemente, extenderla al resto de las dependencias”, concluyó Adorni.

 

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