En un concepto de 19 páginas, la Procuraduría General de la Nación pidió frenar los gastos y viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, por no ser servidora pública. Lo anterior debido a las recientes investigaciones que detallan que la esposa del presidente viatica con recursos del Estado.

El Ministerio Público le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se anule el decreto 0035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el presidente Gustavo Petro designó a Alcocer como “Embajadora en Misión Especial”.  

En ese sentido, en el texto traen a colación el artículo número 126 de la Constitución Política: allí se establece que los servidores públicos no pueden, en ejercicio de sus funciones, postular ni contratar con personas con las que tengan “parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio”. 

De esa manera, resaltan que Petro, al ser servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un decreto para nombrar a Verónica Alcocer -su esposa- en el cargo de Embajadora en Misión Especial para que pudiera realizar los numerosos viajes que ha hecho. 

Por lo anterior, señalan que, como Verónica Alcocer no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, no podrá recibir comisiones o viáticos, pues solamente están dirigidos para funcionarios públicos en ejercicio.

Cabe recordar que, según una investigación de La Silla Vacía, Alcocer tiene un equipo de asesores -que incluyen fotógrafos, maquilladores y hasta a su mejor amiga-, con sueldos de ministros, que le cuesta al Estado cerca de mil millones de pesos. 

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