Redacción Angélica González

Tras resolverse el auto de la consulta sobre su suspensión provisional, el canciller Álvaro Leyva envió un documento a la procuradora Margarita Cabello en el que informa que acatará la sanción inmediatamente, sin embargo, la entidad lo investigará por desacato.

 

“De inmediato procedo a cumplir lo dispuesto separándome del ejercicio de las funciones como ministro de Relaciones Exteriores”, aseguró el jefe ministerial. Seguidamente, añadió que continuó ejerciendo sus funciones tras ser asesorado por su “Apoderado”, que fue “la propia Sala Disciplinaria de Instrucción”.

 

 

 

 

En días pasados, Leyva había manifestado que continuaría en su cargo hasta que el presidente Petro eligiera a un canciller que lo reemplace durante los tres meses de sanción. No obstante, su comportamiento le valdrá una investigación por presunto desacato ante la medida de la entidad.

 

Nueva investigación por desacato y compulsa de copias a la Fiscalía

 

La procuraduría emitió un comunicado en la mañana de este miércoles 7 de febrero en el cual confirmó la suspensión a Leyva.

 

"El Ente de control sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente, conclusión a la que llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la Sala; así como la revisión del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y las respuestas dadas a los alegatos presentados por la defensa", indicaron en un inicio.

 

Asimismo, hicieron hincapié en que "el Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata".

 

 

 

 

Las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia ya recibieron copias compulsadas por la Procuraduría, con el fin de determinar si la conducta del canciller se puede castigar penalmente.

 

Cabe recordar que el ministro de Relaciones Exteriores habría incurrido en un manejo irregular de la cartera en cuanto a la licitación del multimillonario contrato para la elaboración de pasaportes, que desembocó en una millonaria demanda presentada por la empresa ‘Thomas Greg & Sons’ (TG&S) contra el Estado colombiano.  
 

 

 

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