El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó recientemente una propuesta de reactivación económica que ha generado debate en el país.

Se trata de implementar una ley de inversiones forzosas con el objetivo de poder destinar recursos del sector financiero, para ejecutar proyectos estratégicos en turismo, energías renovables, agricultura y vivienda.

Según explica el diario El Tiempo, la iniciativa, que se implementó en el país hace más de 30 años, busca redirigir una porción del dinero depositado en los bancos hacia créditos de bajo costo para sectores productivos seleccionados. El propósito de esta medida es canalizar estos recursos para estimular actividades económicas fundamentales, reducir los costos financieros para estos sectores y promover la reactivación económica.

Antecedentes en Colombia

Asimismo, según un análisis de Corficolombiana, este tipo de inversiones no son de origen reciente en el país, pues anteriormente ya se han implementado y "desmontado debido a sus efectos distorsionadores en el mercado financiero".

Además, señalan que según la opinión de Joseph Stiglitz, la intermediación financiera permite dirigir los recursos de los ahorradores hacia aquellos que requieren financiamiento para realizar inversiones.

Stiglitz señala que  "sin embargo, enfrenta fallas de mercado debido a las asimetrías de información entre acreedores y deudores. Los deudores suelen tener mayor información, lo cual puede llevar a los intermediarios a restringir el crédito. Además, para los pequeños deudores, el alto costo de las transacciones individuales puede elevar considerablemente las tasas de interés de los préstamos".

Según el informe más reciente del sistema financiero, en Colombia, hasta mayo se registró una cartera bruta de 688,4 billones de pesos y una cartera vencida de 35,5 billones de pesos.

Actualmente, en Colombia, la única inversión obligatoria para los Establecimientos de Crédito (EC) son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDAs), que fueron establecidos por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro. Estos títulos están indexados a la DTF o la IBR menos un margen y tienen un plazo de un año. Por lo tanto, los establecimientos de crédito deben asignar el 1 por ciento de sus inversiones a TDAs.

Según el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, citado por Corficolombiana, dicha práctica ha sido recurrente en el país durante el último siglo. "la Ley 5ª de 1973 requería que los bancos destinaran entre el 15 y el 25 por ciento de sus recursos al sector agropecuario o adquirieran títulos emitidos por el Banco de la República".

No obstante, en los años noventa, la medida se fue dejando atrás de manera gradual.  "La obligación de destinar una parte mínima del crédito hipotecario a la vivienda de interés social fue eliminada en 2004 mediante la Ley 546 de 1999. El sector agropecuario fue el único que mantuvo la inversión forzosa, aunque con un subsidio reducido y tasas de inversión, redescuento y préstamo vinculadas al DTF", explica Corficolombiana.

¿Cómo funcionan estas inversiones?

El diario El Tiempo explica que los Establecimientos de Crédito deben asegurar la protección del ahorro del público y gestionar de manera eficiente sus fuentes de financiamiento en todo momento. 

Esto significa que deben equilibrar continuamente las relaciones entre riesgo (crédito y mercado) y retorno (tasas de interés) en la colocación e inversión de sus recursos en cartera y portafolio. 

Además, deben llevar a cabo una gestión activa de la liquidez para garantizar que dispongan de los fondos necesarios para cubrir retiros y vencimientos. Esto también implica una evaluación y manejo proactivos del riesgo de crédito.

"Para Corficolombiana, el incremento en las inversiones forzosas disminuye el margen de intermediación y por ende las utilidades y el espacio de crecimiento de los establecimientos de crédito mientras se deteriora su posición de liquidez, afectando las decisiones de colocación, inversión y fondeo.". agrega dicho medio de comunicación.

"El ajuste de las entidades para proteger su negocio de intermediación del efecto de estas inversiones forzosas va en detrimento de los clientes, tanto deudores como depositantes", complementa El Tiempo.

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