Redacción
Juan Sebastián Sosa
La alocución presidencial de la noche del lunes 29 de diciembre marcó un punto de inflexión para la economía cotidiana de los colombianos. El presidente Gustavo Petro anunció el valor oficial del salario mínimo para 2026, que tendrá un incremento del 22,7 %, llevando el ingreso mensual a $2.000.000 al sumar el auxilio de transporte, fijado en $253.118.
El nuevo salario se compone de un básico que sube de forma significativa y de un auxilio de transporte ajustado, una decisión que el Gobierno sustentó en la necesidad de garantizar mayores ingresos reales a los trabajadores formales del país. El anuncio fue presentado como una medida estructural y no solo como un ajuste anual.
Desde el Ejecutivo se explicó que el decreto se fundamenta en el concepto de salario mínimo vital, definido por la Organización Internacional del Trabajo. El propio presidente enfatizó que el objetivo es cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte, señalando que “salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”.
En términos prácticos, el aumento representa una mejora directa en el ingreso de millones de trabajadores. Sin embargo, también implica efectos colaterales en la economía, ya que numerosos bienes y servicios en Colombia están indexados al salario mínimo y se ajustan automáticamente cuando este sube.
Por esa razón, expertos y analistas coinciden en que el impacto del nuevo salario mínimo va mucho más allá del bolsillo del trabajador, extendiéndose a sectores clave del consumo y del gasto obligatorio de los hogares.
Bienes y servicios que subirán con el salario mínimo en 2026
El incremento del salario mínimo trae consigo el ajuste de múltiples servicios cuyo valor depende, total o parcialmente, de esta referencia. Entre los principales se encuentran las matrículas educativas y cursos privados o técnicos, cuyos costos operativos suelen calcularse con base en el salario de docentes y personal administrativo.
También se verán impactados los aportes de aprendices al Sena, las consultas médicas particulares y distintos servicios de cuidado personal, como peluquería, cuidado infantil, lavado y planchado de ropa, donde la mano de obra representa el principal costo.
Otros rubros sensibles son los talleres mecánicos, latonería y servicios de reparación, así como los pasajes intermunicipales y ciertos servicios de transporte, cuyas tarifas están ligadas a los costos laborales de conductores y operarios.
Los seguros obligatorios, como el Soat y otros con indemnizaciones calculadas en salarios mínimos, también se ajustan con el nuevo valor, incrementando las primas y los montos de cobertura.
A esto se suman algunas sanciones administrativas y multas que todavía conservan relación con el salario mínimo, así como diversos trámites privados cuyo cobro se actualiza cada año con base en esta referencia.
Cuotas de administración y gastos de propiedad horizontal
Uno de los sectores que tradicionalmente refleja el aumento del salario mínimo es el de las cuotas de administración en edificios residenciales y complejos empresariales. Esto ocurre porque una parte significativa del presupuesto de las copropiedades se destina al pago de vigilantes, personal de aseo y mantenimiento.
Aunque la ley no obliga a que las cuotas suban en la misma proporción que el salario mínimo, en la práctica muchas administraciones trasladan el aumento de los costos laborales a los propietarios, previa aprobación de las asambleas de copropietarios.
De esta manera, conjuntos residenciales y edificios comerciales podrían enfrentar incrementos en sus cuotas mensuales, especialmente aquellos con alta dependencia de servicios tercerizados.
Este ajuste suele sentirse con mayor fuerza en ciudades grandes, donde los servicios de seguridad y mantenimiento representan un porcentaje elevado del gasto común.
Viviendas de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP)
Las Viviendas de Interés Social mantienen una relación directa con el salario mínimo, ya que sus precios máximos y los requisitos de ingreso para acceder a ellas se definen en salarios mínimos legales vigentes. Por eso, el aumento impacta de inmediato este sector.
Con el nuevo salario, los topes de precio de las VIS y VIP se elevan, al igual que los rangos de ingreso permitidos para las familias que buscan acceder a subsidios estatales. Esto modifica tanto la oferta como la demanda de este tipo de vivienda.
El consultor Diego Montañez-Herrera explicó que, con un incremento cercano al 23 %, el tope de 150 salarios mínimos pasaría de $213.000.000 a $262.000.000, mientras que el de 135 salarios mínimos subiría de $192.000.000 a $236.000.000.
Estos cambios amplían el valor máximo de los inmuebles VIS, pero también encarecen el acceso al crédito y los costos asociados a la compra de vivienda.
Cuotas moderadoras de salud y aportes a pensión
Los trabajadores que cotizan sobre la base mínima, así como los independientes, verán ajustes en sus cuotas moderadoras de salud y en los aportes mensuales a pensión. Esto se debe a que la ley establece que la base de cotización no puede ser inferior al salario mínimo.
Cada aumento anual del salario implica, de forma automática, mayores descuentos mensuales en salud y pensión, tanto para empleados como para independientes que declaran ingresos cercanos al mínimo.
Este efecto se extiende a los aportes al sistema pensional, impactando directamente el flujo de recursos de entidades como Colpensiones.
En consecuencia, aunque el ingreso bruto sube, el trabajador también asume mayores contribuciones obligatorias, lo que reduce parcialmente el aumento neto disponible.
Costos educativos y servicios que ya no dependen del mínimo
El sector educativo también podría registrar incrementos. Los costos de operación de colegios, institutos y universidades privadas suelen subir en línea con los salarios de docentes y personal administrativo, lo que termina reflejándose en matrículas y pensiones.
No obstante, no todos los bienes y servicios aumentan con el salario mínimo. En los últimos años, varios cobros fueron desligados de esta referencia y ahora se calculan con indicadores como la Unidad de Valor Tributario (UVT) o el IPC, definidos por la Dian.
Impacto fiscal y reacción de los mercados
El aumento también generó alertas en materia fiscal y previsional. La consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) calificó la medida como “el acto de mayor irresponsabilidad que podría cometer el Gobierno”, al advertir que incrementaría la nómina de Colpensiones en $6,7 billones frente a 2025.
Según la firma, este ajuste produciría un déficit adicional de $3,1 billones en el presupuesto nacional y pondría en riesgo la sostenibilidad del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que podría agotar sus reservas en esta década.
Desde los mercados financieros, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, señaló que el anuncio generó una reacción inmediata en las tasas de interés. Indicó que los TES a diez años subieron más de 33 puntos básicos en una sola sesión.
Este movimiento reflejó la preocupación del mercado ante un posible ajuste en la tasa de referencia del Banco de la República, sumando nuevas presiones fiscales y económicas de cara a 2026.
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