Cuando todo parecía haber tomado un rumbo más tranquilo en la vida de Laura Moreno, señalada durante años en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de Los Andes que murió en la noche de la fiesta de Halloween, un nuevo escándalo legal toca a su familia. Esta vez, el señalado es su padre, Jorge Moreno, quien enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Este lunes 26 de enero, la revista Cambio reveló detalles del expediente judicial en el que se acusa a Jorge Moreno de liderar, presuntamente, una red de evasión tributaria por medio de empresas fachada. Según la Fiscalía, Montajes JM —firma fundada por Moreno— habría canalizado operaciones ficticias por más de 121 mil millones de pesos.

El organismo acusa al empresario de “utilizar varias empresas como fachada para expedir facturas de servicios inexistentes”, lo que configuraría posibles delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para los investigadores, la coincidencia en fechas, montos similares y repetición de empresas emisoras no son casualidad, sino un patrón sistemático para ocultar recursos.

La ofensiva judicial se enfoca en demostrar que estos movimientos no fueron errores contables ni fallas administrativas. Por el contrario, se trataría de un mecanismo deliberado que habría permitido inflar gastos y reducir la base gravable, para luego reintroducir los recursos al sistema financiero con apariencia de legalidad.

La gravedad de los señalamientos ha llevado el caso a una etapa decisiva, con una posible imputación penal que va más allá de una simple infracción tributaria.

Las operaciones por las que Jorge Moreno es investigado

La revista Cambio expuso que Jorge Moreno habría hecho parte de una red de evasión liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán, alias ‘La Patrona’, capturada y colaboradora de la justicia. Esta estructura, según el expediente, operó entre 2006 y 2009 y emitió facturas falsas a diferentes compañías para reducir sus obligaciones fiscales.

En medio de las confesiones de ‘La Patrona’, apareció Montajes JM, empresa fundada por Moreno en Yopal en 1997, como una de las beneficiarias del esquema. La Fiscalía encontró que esa firma habría utilizado al menos nueve empresas fachada para registrar servicios inexistentes por un valor de 121.076 millones de pesos.

El mecanismo, según el ente investigador, se basaba en inflar los gastos de la empresa con facturas falsas, lo que reducía la base imponible para efectos tributarios y facilitaba que el dinero se reintegrara al sistema financiero sin levantar sospechas.

Este patrón fue considerado por los fiscales como reiterado y no accidental. Las coincidencias en montos y fechas fueron suficientes para sustentar una tesis de lavado de activos, al considerar que las maniobras buscaban dar apariencia legal a recursos cuyo origen real no se podía justificar.

La Fiscalía insiste en que el uso reiterado de estas prácticas eleva el caso al nivel penal, argumentando que hay un incremento patrimonial injustificado que encuadra en el delito de enriquecimiento ilícito.

La defensa pide trato administrativo; la Fiscalía insiste en el proceso penal

En la audiencia tentativa del 19 de enero de 2026, Jorge Moreno no asistió por motivos médicos. En su lugar, su defensa, encabezada por el abogado Héctor Escobar, propuso resolver el proceso por la vía administrativa. Escobar advirtió que un proceso penal afectaría la viabilidad de Montajes JM y pondría en riesgo los acuerdos de pago que ya existen con la Dian.

“Al final, la Dian se va a quedar sin el pan y sin el queso”, afirmó el abogado, según una grabación obtenida por Cambio. A su juicio, judicializar a Moreno sería contraproducente, pues podría significar la quiebra de la empresa y obstaculizar la recuperación de los recursos públicos.

Además, la defensa sostuvo que los hechos corresponden a ejercicios fiscales anteriores y que, por tanto, no hay justificación para una acusación penal. Según ellos, el caso debería cerrarse con sanciones económicas, sin exponer a su cliente al escarnio público.

También alertaron sobre el impacto reputacional para la compañía, asegurando que la exposición mediática puede afectar su relación con proveedores, bancos y empleados.

Pese a todos estos argumentos, el fiscal jefe del caso fue contundente en rechazar esa opción: “la imputación penal es un requisito sine qua non”. A su juicio, los hechos revisten gravedad suficiente para descartar una salida por la vía administrativa.

La Fiscalía cierra la puerta a cualquier acuerdo anticipado

La posición del ente acusador fue clara: los delitos que se le atribuyen a Jorge Moreno —lavado de activos y enriquecimiento ilícito— no permiten acuerdos anticipados ni conciliaciones administrativas. La Fiscalía sostuvo que tiene la obligación legal de avanzar en la imputación formal.

Además, subrayó que los indicios documentales hallados no permiten interpretar lo ocurrido como simples irregularidades contables. En cambio, apuntan a un mecanismo de ocultamiento y legitimación de recursos con apariencia de legalidad.

El abogado Jesús Albeiro Yepes, también defensor de Moreno, cuestionó la filtración del expediente a los medios, argumentando que la información es reservada. No obstante, el Código de Procedimiento Penal establece que, ante indicios fundados de delito, la Fiscalía tiene el deber de formular cargos.

La investigación ahora se concentra en establecer si hubo o no una causa lícita que justifique el aumento del patrimonio del empresario. En caso contrario, la imputación de cargos será inminente, y las posibilidades de un acuerdo serán mínimas.

El caso de Jorge Moreno entra en una fase clave, con la atención pública renovada no solo por su relación con Laura Moreno, sino por los alcances judiciales de lo que podría ser uno de los escándalos fiscales más sonados del año.

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