En las últimas horas la Procuraduría pidió suspender el contrato de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en la localidad de Suba. Esto, según indicaron, tras haber encontrado algunos vacíos en medio de la inspección disciplinaria que llevó a cabo el pasado 15 de enero a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo).

Es importante recordar que este megaproyecto había sido anunciado por Claudia López, justo antes de terminar su periodo como alcaldesa de la capital. Días después, el ente de control informó sobre el hallazgo de presuntas irregularidades en los contratos de la obra, que estarían relacionadas con los principios de legalidad y buena fe.

Esta ciudadela educativa comprende la construcción de un multicampus, así como de 14 mil viviendas. “El Distrito pone el suelo y el gobierno nacional invertirá 346 mil millones para la construcción del primer multicampus donde estarán presentes la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica y el SENA”, explicaron.

No obstante, la Procuraduría señaló que la inversión de los más de 300 mil millones de pesos representa un riesgo para el patrimonio de la nación.

Asimismo, el ente de control manifestó que funcionarios de la Delegada para la Contratación Estatal y peritos expertos de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público “se encargarían de recaudar la información sobre la fase de planeación del proyecto que ayude a determinar si contó con las condiciones técnicas adecuadas y si lograron dificultar la libre competencia”.

¿Qué encontraron en la inspección?

Pues bien, la Procuraduría informó que hallaron “falencias en la distribución de competencias y la aplicación del principio de coordinación entre entidades públicas que permita solucionar oportunamente posibles controversias”.

Cabe mencionar que el Ministerio Público ya le había pedido a la exalcaldesa que suspendiera las licitaciones; sin embargo, Claudia López adjudicó el proyecto.

En este sentido, la Procuraduría hizo hincapié en que busca proteger los recursos públicos que estarían en juego, debido a un pleito entre Renobo y la constructora Las Galias, a la que se les suscribió el proyecto.

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