Luego de las audiencias de imputación de cargos que se realizaron este jueves contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción de la Ungrd, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, el exministro del Interior y ocho congresistas vinculados al entramado de corrupción. 

Segú dio a conocer el Ministerio Público en un comunicado, la indagación previa contra Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) se da por “su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Ungrd".

Por esos mismos hechos, la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente al actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien es mencionado como la persona que habría hecho el enlace entre la Ungrd y el empresario Luis Eduardo López Rosero. El emisario de ese contacto habría sido el exsecretario jurídico de Romero en la Gobernación de Nariño, Pedro Rodríguez Melo.

Asimismo, las investigaciones incluyen a los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar (Conservador); Julio Elías Chagüi (Partido de la U); Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo, Germán Rogelio Rozo (Liberal); Juan Diego Muñoz (Partido Verde); y Karen Astrith Manrique (curul de paz). 

¿Votos a favor de contratos?

“El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno”, señala el comunicado.

La actuación disciplinaria busca individualizar a los posibles responsables de los hechos corruptos, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, también está vinculada

La Procuraduría también vinculó a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez (expresidente del Senado) y Andrés Davids Calle Aguas (expresidente de la Cámara), por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la Ungrd para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira.

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