La facturación electrónica es un sistema que posibilita la emisión, recepción y conservación de facturas en formato digital. Desde su mandato de implementación, las empresas han debido ajustarse a esta modalidad para cumplir con las normativas fiscales y optimizar la eficiencia en sus transacciones comerciales.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las empresas que tienen la responsabilidad de emitir facturas deben hacerlo de manera electrónica. Esta obligación está estipulada en el artículo 615 del Estatuto Tributario.

¿Quiénes están obligados a implementar facturación electrónica?

Según la DIAN, ciertos grupos están requeridos a emplear la facturación electrónica: entidades jurídicas, sujetos responsables del IVA, del Impuesto Nacional al Consumo (INC), individuos con ingresos superiores a 3,500 Unidades de Valor Tributario ($148.4 millones), y contribuyentes registrados en el impuesto unificado bajo el régimen de simple tributación.

¿Qué beneficios tiene?

Según la entidad fiscal, la factura electrónica tiene la misma validez legal que la física, pero se genera, valida, emite, recibe y conserva con ventajas significativas adicionales. Entre los beneficios para las empresas se encuentran:

- Simplifica el registro y respaldo de ventas y servicios.
- Facilita declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas.
- Proporciona acceso a datos actualizados de las operaciones de las empresas.
- Reduce el uso de papel y la necesidad de servicios de mensajería, mejorando así la eficiencia.
- Agiliza los trámites con la DIAN.

Por otro lado, las personas naturales que declaren ingresos según la cédula general tienen la opción de solicitar una deducción del 1 % del valor de sus compras en el impuesto sobre la renta del año correspondiente, siempre y cuando estas compras estén respaldadas electrónicamente.

Esto significa que pueden reducir sus impuestos en un 1 %, con un límite máximo de 240 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($11.2 millones).

Establecimientos cerrados

El diario El Espectador señala que en 2023, se llevaron a cabo más de 50,000 inspecciones, de las cuales solo en 3,300 casos se presentaron cargos que podrían conducir al cierre del establecimiento después de seguir el proceso legal y garantizar el derecho de defensa.

Durante el año 2024, la DIAN ha clausurado 119 establecimientos comerciales debido al incumplimiento de la obligación de facturación electrónica. Este es el procedimiento que sigue la entidad fiscal para determinar el cierre de un comercio:

1. Los funcionarios de la DIAN realizan una inspección y, si encuentran irregularidades o incumplimientos, emiten un pliego de cargos. El responsable del comercio tiene 10 días para responder y explicar la situación.

  
2. Posteriormente, la DIAN evalúa las explicaciones y pruebas presentadas, pudiendo confirmar o desechar los cargos. Este proceso tiene una duración de seis meses.

  
3. Si se confirman los cargos iniciales, se emite una resolución que impone una sanción de cierre por tres días. El comercio tiene 10 días para presentar un recurso de reposición con el fin de reconsiderar la sanción.

  
4. La DIAN dispone de 10 días hábiles para analizar el recurso presentado. Si se ratifica la sanción, el cierre del establecimiento se ejecuta en los siguientes 10 días hábiles.

  
5. En cualquier momento durante este proceso, el establecimiento tiene la opción de pagar una multa para evitar el cierre, la cual puede equivaler al 5 %, 10 % o 15 % de los ingresos brutos del mes anterior a la inspección.

La DIAN subraya que estos cierres se realizan conforme a un proceso que sigue todas las instancias dentro de los plazos establecidos por la normativa, los cuales están respaldados por un riguroso fundamento jurídico y probatorio.

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