El Congreso de la República aprobó este lunes 15 de diciembre, por unanimidad (116 votos a favor), una reforma clave a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que cambia la forma en la que se calculan los recursos que reciben cada año las universidades públicas en Colombia. La decisión marca un giro histórico en el modelo de financiación de la educación superior pública.

Con esta modificación, el presupuesto dejará de ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasará a calcularse según el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), un indicador que refleja de manera más precisa los gastos reales de funcionamiento de las instituciones.

¿Qué cambia con la nueva fórmula de financiación?

Hasta ahora, los recursos para las universidades públicas crecían al ritmo de la inflación, un esquema que no cubría el aumento real de los costos operativos. Con la reforma, el ajuste se hará con el Ices, que suele estar por encima del IPC y contempla gastos como salarios, tecnología, infraestructura y servicios académicos.

Un ejemplo claro se dio en 2024: mientras el IPC fue de 5,2 %, el Ices alcanzó el 8,4 %. Esta diferencia explica por qué las universidades acumulaban déficits cada año, pese a mantener o ampliar su oferta académica.

Una medida para reducir un déficit histórico

El cambio busca empezar a cerrar un déficit cercano a los 20 billones de pesos, acumulado durante más de 30 años. Según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades crecen cerca del 9 % anual, mientras que los recursos solo aumentaban alrededor del 4 %, al ritmo de la inflación.

Este desajuste obligaba a las instituciones a operar con recursos insuficientes, afectando áreas clave como investigación, infraestructura, bienestar estudiantil y contratación de personal docente.

“Se aprobó en último debate la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para empezar a cerrar una desfinanciación de más de 20 billones de pesos. La educación superior pública deja de depender de la voluntad política y queda garantizada en la ley. Avanzamos, por fin,… pic.twitter.com/Du8dZt5Ffq

— MinEducación (@Mineducacion) December 16, 2025

El impulso político detrás de la reforma

El proyecto fue impulsado por la representante Jennifer Pedraza, quien celebró la aprobación con un mensaje contundente: “Las universidades gastan en Colombia como si fuera el año 2025, pero la ley las financia como si estuviéramos en 1992”.

La congresista aseguró que la reforma era urgente, ya que muchos gastos esenciales no estaban siendo cubiertos por el esquema anterior, lo que ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema de educación superior pública.

LO LOGRAMOS ✊📚 ¡La causa de mi vida! 

Hoy se aprobó nuestra ley por la financiación digna de la educación superior pública. Una victoria del movimiento estudiantil, profesoral y de millones de familias.

La educación construye el futuro de Colombia. #MásPlataParaLaUPública pic.twitter.com/0bcDAoxM2Q

— Jennifer Pedraza #100 Ahora Colombia (@JenniferPedraz) December 15, 2025

El respaldo de la comunidad educativa

Durante el debate en el Congreso, líderes estudiantiles, rectores y profesores acompañaron la discusión con mensajes en favor de la reforma. Carteles con la frase “Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer” reflejaron la presión social para garantizar una financiación justa y acorde con la realidad del sector.

La aprobación de la reforma a la Ley 30 es vista como un paso decisivo para fortalecer la educación superior pública y garantizar su viabilidad a largo plazo en Colombia.

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