Este viernes, 5 de abril, Colombia se despertó con la noticia de que la EPS Compensar solicitó a la Superintendencia de Salud, ser retirada de forma voluntaria del sistema de Seguridad Social en Salud. Esto luego de que esta semana el gobierno nacional anunciara la intervención a las EPS Sánitas y Salud Total.

Compensar alegó que esta solicitud se debe a una compleja situación financiera que atraviesa. En este sentido, el diario El Espectador, recopiló cuales son las cifras claves que permiten entender la solicitud de la entidad.

En primer lugar, según el citado medio, hay que resaltar que Compensar cuenta con una buena cantidad de afiliados.  2 millones 161 mil 873, según las últimas cifras del Ministerio de Salud. De esa cantidad de afiliados, 1,7 están en el régimen contributivo y 377 mil en el régimen subsidiado.

La EPS principalmente opera en la región andina, con mayor presencia en Bogotá. A pesar de ser una de las EPS con mejores indicadores en los últimos años en el presente su situación no es fácil, muestra de esto es que tiene una de las tasas de reclamos más altas.

Las últimas cifras de la Superintendencia de Salud muestran que este indicador es de 361,26 por cada 100.000 usuarios durante los últimos 12 meses, la tercera más alta detrás del Servicio Occidental de Salud y Colsalud.

Además, en lo que va del 2024 (3 meses), la tasa de reclamos fue la segunda más alta con 29,94 por cada 100.000 afiliados. 

En una carta que Compensar había enviado junto a Sanitas y Sura EPS al Ministerio de Salud, expone que en 2022 tuvieron pérdidas por 139.000 millones con una proyección de otros 97.000 millones para 2023, cifras que aún no están actualizadas.

Otras cifras de Compensar 

También señalaron que el gasto por persona superaba el 113% del ingreso recibido por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los fondos proporcionados por el Estado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada usuario. En 2022, mencionaron que el déficit de la UPC ascendió a $494 mil millones.

Además, en ese momento, tenían una deuda de $173 mil millones en presupuestos máximos y una cartera de tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) de más de $89 mil millones. Asimismo, el gasto anual en su nómina superaba los $260 mil millones.

Carlos Mauricio Vásquez, presidente de la EPS, declaró en Blu Radio: “El año pasado tuvimos una pérdida de $30.000 millones, que aunque parezca una cifra insignificante, es preocupante dadas nuestras difíciles circunstancias. Pero este año estamos enfrentando pérdidas mensuales de alrededor de $30.000 millones. Por lo tanto, no podemos esperar hasta junio o diciembre para abordar una situación que la empresa no puede manejar”.

Además, desde diciembre de 2020, no habían cumplido con un indicador clave: el régimen de inversiones de la reserva técnica, un aspecto crucial discutido ampliamente en el sector salud recientemente.

Según explicó el auditor y experto financiero Juan David Vargas, estas "reservas técnicas" representan un ahorro destinado a cubrir las obligaciones y emergencias derivadas de la prestación de servicios de salud en el futuro. Este ahorro proviene de los fondos que el Estado asigna a las EPS por cada afiliado (la UPC).

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha criticado este incumplimiento, advirtiendo que podría comprometer la prestación del servicio. Por su parte, las EPS han defendido su posición argumentando que los fondos del Estado no son suficientes, lo que las obliga a utilizar las reservas técnicas para pagar a proveedores, clínicas y hospitales.

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