Nuevos detalles revelados por la Fiscalía, el ICBF y el propio Gobierno Nacional trazan el perfil de un adolescente marcado por el abandono y el desarraigo. El joven de 14 años, señalado como el presunto autor del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, habría sido blanco fácil para redes del crimen organizado.

Según informa el diario El Colombiano, la madre del menor falleció cuando él era muy pequeño, y su padre vive en el exterior. Desde entonces, el adolescente quedó bajo el cuidado de una tía en la localidad de Engativá. El día del ataque fue captado por cámaras de seguridad mientras recorría la ciudad solo y armado.

¿Quién es el “niño sicario”?

El joven fue grabado mientras disparaba al congresista por la espalda, para luego intentar huir mientras se enfrentaba a los escoltas de Uribe. Fue capturado a pocos metros del lugar, herido en una pierna. En medio del caos, gritó que el “man de la olla” lo había mandado y ofreció entregar los números de contacto.

Durante su traslado a un centro médico, solo un tío paterno se presentó. Este confirmó que el adolescente no tiene acompañamiento familiar estable y que vivía con una pariente que ya fue objeto de un allanamiento por parte de las autoridades.

El celular, pieza clave que desapareció

Uno de los elementos que más intriga genera en el caso es el celular que tenía el joven durante sus desplazamientos. Según confirmaron la fiscal general Luz Adriana Camargo y el director de la Policía, el teléfono no fue encontrado en la escena y hasta ahora no está bajo custodia. Se investiga si lo destruyó, lo entregó a un tercero o fue retirado por alguien más.

La ausencia del celular dificulta la trazabilidad de contactos y comunicaciones previas al atentado.

Participó brevemente en “Jóvenes en Paz”

Según confirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter), el adolescente hizo parte del programa gubernamental “Jóvenes en Paz”, diseñado para intervenir poblaciones en riesgo de reclutamiento por grupos ilegales. Allí, el joven fue descrito como alguien conflictivo, sin vínculos interpersonales, que no asistió a las actividades programadas y se retiró a los dos meses.

También se conoció que había sido contactado por funcionarios del Idipron en mayo, quienes le ofrecieron apoyo institucional. El menor rechazó el ingreso a los programas del Distrito.

El menor está dispuesto a hablar

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reveló que el joven ha mostrado una actitud colaborativa y estaría dispuesto a contar quién lo contrató para ejecutar el ataque. Según la funcionaria, ya se llegó a un acuerdo con la Fiscalía para garantizar condiciones de seguridad excepcionales.

“El menor tiene un abogado de oficio y estará en un centro especializado mientras se adelantan las investigaciones”, precisó Cáceres.

Posible sanción educativa y reparadora

Si el menor es hallado responsable, la sanción no sería cárcel, sino hasta ocho años en un centro especializado para adolescentes infractores, según lo establece la Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia. Así lo explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

“La sanción es educativa, reparadora y busca restablecer los derechos del menor, entendiendo que debe ser protegido, aunque también sancionado”, detalló la funcionaria.

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