Redacción
Juan Sebastián Sosa
El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema de las chuzadas que han denunciado magistrados de la Corte Constitucional y, recientemente, magistrados de la JEP; así como opositores y periodistas. El mandatario planteó nuevamente este martes que el objetivo es “destruir el Gobierno desde adentro”.
Sin ninguna prueba, planteó que “antiguos chuzadores echados del Gobierno se están organizando para chuzar por fuera del Gobierno, para destruir el Gobierno”. También advirtió que, en caso de que se descubra a alguien implicado, “se va de inmediato”.
El presidente señaló que ahora acusan de su Gobierno de chuzar cuando el que fue víctima de esos hechos fue él: “le intervinieron el teléfono a mi papá, a mi mamá, fueron al colegio de mis hijos a sacarles fotos; me siguieron para arriba y para abajo porque infiltraron a mi escolta del DAS”.
En ese sentido, intentó quitarles importancia a las denuncias de las cortes y de los magistrados: “¿La acusación es cierta o es falsa? Lo máximo que he podido encontrar en un artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp (…) Le llegan rumores a la prensa y lo vuelven noticia, les llegan por WhatsApp a los magistrados y se creen las ‘fake news’”, indicó.
Desde su visión, “están intentando debilitar al Gobierno rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con ‘fake news’. La prensa, sin investigar, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels”.
“¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mosad [haciendo referencia a la agencia de inteligencia israelí]? (…) ¿Por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros? No somos bobos, de esto sabemos”, añadió.
¿Qué se sabe sobre las posibles chuzadas?
El pasado miércoles 19 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo acudió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional: en el encuentro le entregaron graves denuncias de supuestas chuzadas y persecución a magistrados de esa alta corte.
Durante el encuentro, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la que asegura que él, su esposa y su equipo de magistrados auxiliares estarían siendo víctimas de persecución por parte de organismos de inteligencia del propio Gobierno.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, dice la carta del magistrado Ibáñez según reveló Semana.
Asimismo, dio a conocer que hace aproximadamente dos meses funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” le estarían haciendo “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.
Semana reveló que un general de la República activo confirmó que las interceptación sí han existido. Además, salieron a relucir dos nombres dentro del caso: Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y René Guarín, jefe de Tecnología de la Casa de Nariño.
También habría "chuzadas" contra la oposición
El senador opositor David Luna (Cambio Radical) citó a un debate de control político a Carlos Ramón González, director del DNI: “en él le pregunté que, bajo la gravedad de juramento, le contara al Congreso, al país, si era cierto, si o no, si estaba chuzando, perfilando, haciéndole seguimiento a periodistas, a militares en uso de buen retiro y a miembros de la oposición”.
Según el congresista, González respondió que “no, pero sí. Que él no lo había hecho, pero que no le constaba si en el pasado alguno de sus antecesores lo había hecho”.
“Esto es gravísimo porque coincidencialmente el periódico El Tiempo y la Revista Semana señalan que magistrados de la Corte Constitucional le han pedido a la fiscal general de la Nación que investigue si los miembros de su sala plena o sus familias están siendo interceptadas”, añadió.
Al respecto, El Tiempo conoció que la fiscal Camargo ordenó abrir una investigación de oficio por las graves denuncias que se han conocido y por la importancia de la Corte Constitucional, que se encarga de vigilar la constitucionalidad de las leyes.
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