El Consejo de Estado sacudió el panorama político colombiano al declarar la pérdida de investidura del expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, en una decisión de 129 páginas notificada el pasado 25 de septiembre de 2026.

El fallo, que aún puede ser apelado, concluye que el político de la Alianza Verde incurrió en tráfico de influencias al recibir $3.000 millones de pesos provenientes de contratos opacos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de facilitar el trámite de proyectos legislativos clave del gobierno de Gustavo Petro.

El modus operandi según el expediente

La sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, reconstruye minuciosamente cómo operó el esquema de corrupción que vinculó a Name con Sandra Ortiz, entonces consejera para las Regiones del gobierno Petro, quien habría entregado el dinero.

Pero lo que ha generado mayor revuelo en el círculo político es el detalle de cómo Name utilizó su posición como presidente del Senado para favorecer la agenda legislativa del Ejecutivo.

De acuerdo con el expediente, al que tuvo acceso la unidad investigativa de El Tiempo, Name permitió que "una senadora adepta al partido de gobierno, como María José Pizarro Rodríguez, presidiera la mayor parte de las sesiones plenarias en las cuales se debatió el proyecto de reforma al sistema pensional", entre otros comportamientos destinados a organizar la agenda legislativa y generar "la coyuntura propicia" para que la reforma saliera adelante.

El testimonio clave de Olmedo López

Para sustentar las acusaciones de tráfico de influencias, el Consejo de Estado incorporó el testimonio de Olmedo López, cabeza de la UNGRD, quien declaró el 26 de agosto de 2024 que durante el trámite de la reforma pensional "la colaboración de Name se tradujo en la inclusión del proyecto a finales de 2023, a efectos de propiciar su discusión en el período siguiente, y en dejar el asiento de la presidencia a la senadora Pizarro, con miras a facilitar el manejo de las plenarias".

El fallo incluye cuadros detallados con fecha, hora y soporte audiovisual y documental de lo que sucedía en cada plenaria, evidenciando un patrón sistemático.

14 de 16 sesiones: el patrón que condenó a Name

La conclusión del tribunal es contundente: Name se relevó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias examinadas durante la discusión de la reforma pensional, cediendo su posición a Pizarro "sin sustento legal o fáctico".

"No obedeció a una situación accidental o circunstancial, sino a un patrón de conducta que no encuentra justificación constitucional y legal, pues no se explica por qué, al no mediar ausencias, vacancias o la imposibilidad –material– demostrada para ejercer la presidencia, el accionado prescindiera de la labor que le fue encomendada y a la que estaba obligado", advierte el fallo.

La Sala Especial de Decisión 24 de Pérdida de Investidura concluyó que Name incurrió en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución, que sanciona el tráfico de influencias debidamente comprobado.

María José Pizarro: 85 menciones y una defensa

El nombre de la exsenadora María José Pizarro, quien le impuso la banda presidencial a Petro, aparece 85 veces en el fallo del Consejo de Estado.

Cuando El Tiempo la contactó para preguntarle por estos señalamientos, Pizarro respondió de manera contundente: "En primer lugar, ni remotamente se puede sostener que haya 'señalamientos'. Eso lo dicen ustedes, no la justicia. En segundo lugar, el papel de la primera vicepresidencia es suplir al presidente cuando no está presente. Ese es un mandato legal y para el que fui elegida".

La exsenadora agregó que el trámite de la reforma "tardó mucho tiempo, además de la discusión, por problemas para configurar el quórum (muchas veces por 1 o 2 votos) y Name no aportaba en la configuración del quórum con sus ausencias, pese a mi insistencia de que él estuviera presente".

Pizarro recalcó que durante su paso por el Congreso se esforzó por estar en todos los debates en tiempo completo y defendió su actuación: "Es importante recordar que durante meses la entonces oposición usó todo tipo de maniobras para impedir o retrasar el debate de la reforma pensional, como lo reconocían sonrientes varios senadoras y senadores, como partes de victoria en sus redes sociales".

La exsenadora también señaló que la oposición, "en las pocas oportunidades que entró al recinto a cumplir con su deber de debatir, gozó de todas las garantías para discutir ampliamente y votar sus reiteradas propuestas".

En un comunicado oficial, Pizarro aseguró que defendió su desempeño como primera vicepresidenta del Senado y afirmó que "no tengo ninguna relación con las actuaciones del señor Name", desmarcándose del caso.

El contexto del escándalo de la UNGRD

El caso de Iván Name es uno de los capítulos más sonados del escándalo de corrupción que sacude a la UNGRD, entidad que habría desviado contratos para pagar coimas a congresistas clave.

Además de Name, el escándalo involucra a otros funcionarios y contratistas que habrían participado en el esquema de contratos opacos que movilizó millones de pesos para influir en la agenda legislativa del gobierno Petro.

Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones, ha señalado que el expediente incluye pruebas irregulares, contratos inexistentes y testimonios falsos, y ha apuntado contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y la fiscal del proceso, María Cristina Patiño.

Lo que sigue para Name

La decisión del Consejo de Estado es de primera instancia, lo que significa que Name podrá apelar el fallo ante la misma corporación.

Paralelamente, el expediente contra Name sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia, donde enfrenta investigaciones penales relacionadas con el mismo escándalo de corrupción.

El fallo de 129 páginas ha dejado al país político y judicial decantando las implicaciones de una decisión que no solo acaba con la carrera legislativa de Name, sino que desnuda los mecanismos que se habrían utilizado para sacar adelante una de las reformas bandera del gobierno Petro.

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