La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió de oficio una investigación contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política en plena recta final de las elecciones presidenciales. La decisión se conoció este martes 26 de mayo, luego de un documento revelado por la Agencia EFE.

Qué investiga la Comisión

Según la comunicación firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, la apertura del proceso responde a recientes declaraciones y publicaciones del mandatario en redes sociales relacionadas con el proceso electoral. La corporación consideró necesario revisar estas actuaciones a la luz de la ley.

“Esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5 de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, se lee en el documento.

Qué dice la ley

La legislación colombiana establece que los funcionarios públicos no pueden participar en actividades políticas ni intervenir en controversias electorales, con el fin de proteger la transparencia del proceso democrático. La única excepción contemplada es el derecho al voto.

En ese contexto, cualquier pronunciamiento de un alto funcionario que pueda interpretarse como apoyo o rechazo a candidatos entra en el radar de control institucional.

Por qué se abrió el proceso

En los últimos días, Petro ha intensificado sus mensajes sobre la contienda electoral, con pronunciamientos críticos contra aspirantes de la oposición y respaldos explícitos a Iván Cepeda. Esas manifestaciones son las que ahora están bajo revisión en medio de la recta final hacia las elecciones.

La investigación busca establecer si esas publicaciones y declaraciones constituyen una infracción a las normas que regulan la intervención política de los servidores públicos.

Qué puede pasar ahora

Por ahora, la apertura de la investigación no implica una sanción inmediata, pero sí activa el trámite formal dentro de la Comisión de Acusación. A partir de ahí, el caso deberá avanzar con la recolección y análisis de los elementos que permitan determinar si hubo o no una violación a la ley.

La decisión añade tensión al ambiente político en vísperas de la elección presidencial y pone nuevamente bajo escrutinio el papel del jefe de Estado en el debate electoral.

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