Redacción
Juan Sebastián Sosa
El pasado miércoles 19 de junio, la fiscal general Luz Adriana Camargo acudió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional: en el encuentro le entregaron graves denuncias de supuestas chuzadas y persecución a magistrados de esa alta corte.
Durante el encuentro, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la que asegura que él, su esposa y su equipo de magistrados auxiliares estarían siendo víctimas de persecución por parte de organismos de inteligencia del propio Gobierno.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, dice la carta del magistrado Ibáñez según reveló Semana.
Asimismo, dio a conocer que hace aproximadamente dos meses funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” le estarían haciendo “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.
Semana reveló que un general de la República activo confirmó que las interceptación sí han existido. Además, salieron a relucir dos nombres dentro del caso: Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y René Guarín, jefe de Tecnología de la Casa de Nariño.
También habría "chuzadas" contra la oposición
El senador opositor David Luna (Cambio Radical) citó a un debate de control político a Carlos Ramón González, director del DNI: “en él le pregunté que, bajo la gravedad de juramento, le contara al Congreso, al país, si era cierto, si o no, si estaba chuzando, perfilando, haciéndole seguimiento a periodistas, a militares en uso de buen retiro y a miembros de la oposición”.
Según el congresista, González respondió que “no, pero sí. Que él no lo había hecho, pero que no le constaba si en el pasado alguno de sus antecesores lo había hecho”.
“Esto es gravísimo porque coincidencialmente el periódico El Tiempo y la Revista Semana señalan que magistrados de la Corte Constitucional le han pedido a la fiscal general de la Nación que investigue si los miembros de su sala plena o sus familias están siendo interceptadas”, añadió.
Al respecto, El Tiempo conoció que la fiscal Camargo ordenó abrir una investigación de oficio por las graves denuncias que se han conocido y por la importancia de la Corte Constitucional, que se encarga de vigilar la constitucionalidad de las leyes.
Respuesta del presidente Petro y del Gobierno nacional
Luego de que la polémica se causara durante toda la semana por las chuzadas, el presidente Petro se pronunció este lunes a través de su cuenta de X. “Desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”, indicó.
“En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, aseguró el presidente.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) -encabezado por Laura Sarabia- emitió un comunicado sobre el tema en la que aseguran que se inició una investigación de control interno.
“Desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinarios de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa”, indicó la entidad en un el comunicado.
Asimismo, se aclaró que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa “no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”.
Fiscalía ordenó investigación
El ente acusador también emitió un comunicado este sábado en el que anuncia una investigación tras las denuncias hechas por magistrados de la Corte Constitucional.
“La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso que la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema asuma de manera inmediata la investigación por la denuncia recibida esta semana en la Corte Constitucional, que da cuenta de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados”, indicó en el anuncio.
Así mismo, ordenó que todos los recursos al alcance de la entidad estén al servicio de esta investigación.
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