La Corte avaló la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional del gobierno Petro, aunque devolvió varios apartes a la Cámara de Representantes para corregir problemas relacionados con su trámite legislativo. La reforma comenzaría a regir el 1 de abril de 2027.

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y experto en seguridad social, consideró acertada la decisión del alto tribunal, aunque advirtió que todavía existen retos fiscales, operativos y de sostenibilidad.

¿Por qué Olivera respalda el fallo?

En entrevista con La FM, Olivera explicó que declarar inexequible toda la reforma habría obligado al próximo Gobierno a iniciar nuevamente un proceso político complejo.

“Una reforma pensional es costosa políticamente, toma tiempo”, afirmó el experto, quien recordó que Colombia llevaba cerca de 25 años discutiendo cambios al sistema sin conseguir una transformación definitiva.

Olivera también sostuvo que la Corte Constitucional no podía diseñar una reforma alternativa. Según su explicación, el tribunal debía determinar si la ley se ajustaba a la Constitución y si el Congreso había cumplido con el procedimiento establecido.

“La Corte no podía hacer una contrarreforma”, señaló.

Aunque expresó reparos frente a algunos elementos de la iniciativa, como el umbral de 2,3 salarios mínimos y un artículo relacionado con grupos poblacionales específicos, el ex presidente de Colpensiones concluyó que la decisión fue acertada.

Colpensiones tendrá más responsabilidades

Uno de los principales desafíos será preparar a Colpensiones para asumir la operación del nuevo sistema.

La reforma modifica la distribución de las cotizaciones obligatorias. Los aportes correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos se dirigirían al componente público, mientras que el excedente iría al sistema de ahorro individual, de acuerdo con el diseño de la ley.

Olivera explicó que Colpensiones tendría que pagar la pensión completa, integrando los recursos correspondientes a los componentes público y privado.

Por esa razón, consideró necesario reorganizar la entidad, fortalecer sus procesos y ampliar su capacidad para atender a los afiliados que pasarían a estar vinculados al nuevo esquema.

El papel del Banco de la República

El Banco de la República también tendrá un papel central en la administración de parte del ahorro pensional.

Según Olivera, la reforma contempla cuentas generacionales para que los recursos de cada generación se mantengan destinados al pago de sus futuras pensiones.

“Cada generación va a tener su cuenta para cuando llegue la ola de la pensión esté su ahorro, el de esa generación, guardado para pagar esa pensión”, explicó.

Este modelo pretende organizar los recursos de acuerdo con las necesidades de cada grupo de trabajadores. Sin embargo, su implementación requerirá reglas claras, controles y mecanismos que garanticen la protección del ahorro pensional.

¿Qué pasará con los afiliados?

Olivera pidió mantener la calma y aseguró que, según su interpretación, el fallo no modifica la estructura central del sistema ni cambia la situación de quienes ya realizaron un traslado de régimen.

“Los que se trasladaron se trasladaron y están donde mejor les va; ya quedaron y es inmodificable”, afirmó.

La ventana especial de traslado terminó el 16 de julio de 2026. El mecanismo estaba dirigido a personas próximas a la edad de pensión que cumplieran las condiciones establecidas, entre ellas contar con más de 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y más de 900 en el de los hombres.

Quienes cumplían los requisitos, pero no hicieron el traslado dentro del plazo, podrían tener que presentar nuevamente una demanda para intentar obtenerlo, de acuerdo con la explicación del experto.

Por ahora, la reforma no se aplicaría de forma inmediata. El sistema actual continuaría vigente hasta el 1 de abril de 2027, fecha prevista para la entrada en vigor de la Ley 2381.

Los jóvenes podrían recibir pensiones más bajas

Uno de los puntos que más preocupa a los trabajadores jóvenes es la sostenibilidad financiera del sistema.

Olivera reconoció que las nuevas generaciones enfrentarán condiciones diferentes a las de quienes se pensionaron bajo reglas anteriores.

“Las generaciones futuras van a tener pensiones más bajas”, advirtió.

La explicación está relacionada con el envejecimiento de la población y con la disminución relativa del número de trabajadores jóvenes que aportan para financiar las pensiones.

No obstante, el experto indicó que la reforma busca reducir los subsidios que podían beneficiar en mayor medida a personas con ingresos altos. Para quienes no estén cobijados por el régimen de transición, el límite de cotización al componente público será de 2,3 salarios mínimos, según lo establecido en el nuevo esquema.

El ahorro voluntario será fundamental

Ante la posibilidad de que los ingresos pensionales sean menores en el futuro, Olivera recomendó que los trabajadores no dependan únicamente de la cotización obligatoria.

“El primer consejo es crear el hábito de ahorro”, afirmó.

El experto también señaló que los fondos de pensiones deberían ofrecer productos más atractivos y fortalecer la educación financiera. En su opinión, los colombianos necesitan conocer mejor las alternativas disponibles para complementar sus ingresos durante la vejez.

La reforma incluye un pilar de ahorro voluntario, diseñado para que quienes tengan capacidad económica puedan realizar aportes adicionales y mejorar sus ingresos futuros.

Retos antes de 2027

Aunque la Corte mantuvo en pie los pilares centrales de la reforma, todavía quedan varias tareas pendientes:

• Corregir los apartes que fueron devueltos a la Cámara de Representantes.
• Preparar a Colpensiones para asumir una operación más amplia.
• Establecer el funcionamiento de las cuentas generacionales.
• Garantizar el manejo transparente de los recursos.
• Evaluar el impacto fiscal del nuevo sistema.
• Fortalecer la educación financiera de los trabajadores.

El fallo marca un nuevo punto de partida para la reforma pensional, pero su aplicación dependerá de la reglamentación, de los ajustes que realice el Congreso y de la capacidad de las entidades responsables para implementar el modelo antes de abril de 2027.

Con información de La FM

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