Lyan Hortúa, de apenas 11 años, fue secuestrado el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca. En un primer momento, el caso pareció uno más en la preocupante ola de raptos que azotan al suroccidente del país. Sin embargo, con el paso de los días se fueron conociendo detalles que dejaron claro que esta historia tenía un trasfondo mucho más complejo.

Según una investigación de la revista Semana, el verdadero objetivo del secuestro no era el niño, sino su madre, Angie Bonilla, o su padrastro Joshua Suárez. La orden habría venido de alias ‘Diego Rastrojo’, uno de los capos más poderosos de la región, como parte de lo que sería el cobro por una vieja deuda.

La estructura criminal encargada de ejecutar el secuestro fue la disidencia de las Farc Jaime Martínez, brazo armado que opera en el suroccidente del país. Pero los encargados del operativo, al no encontrar a los adultos que buscaban, optaron por llevarse a Lyan. El grupo reconoció más tarde que “todo fue un error”.

La deuda que habría desencadenado el secuestro

La versión que manejan las autoridades es que la familia Hortúa Bonilla tendría una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos con el capo 'Diego Rastrojo'. El origen de esta obligación se remontaría a vínculos del pasado entre Angie Bonilla y José Leonardo Hortúa, alias ‘Mascota’, padre de Lyan y antiguo heredero de Rastrojo.

Alias ‘Mascota’ fue asesinado en 2013 en Cali. Antes de su muerte, habría dejado en manos de Angie Bonilla propiedades y dinero pertenecientes a la organización. Sin embargo, tras su asesinato y la posterior extradición de Rastrojo, esos bienes se habrían desvanecido, según fuentes de inteligencia.

Con el regreso de emisarios del capo al Valle del Cauca, comenzó la presión. Según versiones recogidas por las autoridades, al no encontrar a Angie ni a Joshua, los secuestradores se llevaron a Lyan como medida de presión para el pago.

Una familia que terminó negociando sola

Mientras los detalles salían a la luz, la familia vivía un drama silencioso. En entrevista con La FM, Sebastián Bonilla, tío del menor, aseguró que nunca recibieron el apoyo prometido por las autoridades. “La ayuda nunca llegó”, dijo, contundente.

Ante la falta de respuestas, la familia tomó una decisión: negociar directamente con los secuestradores. Fue una prima del niño quien lideró las conversaciones con la disidencia Jaime Martínez. Incluso, según Bonilla, algunos funcionarios estatales les sugirieron considerar esa vía ante el poco avance de la investigación.

Aunque por seguridad no revelaron el monto pagado, El Tiempo informó que el rescate fue de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Bonilla señaló que la familia tuvo que endeudarse para reunir esa suma. Pero lo más grave es que, según fuentes citadas por Semana, ese dinero no fue una extorsión tradicional, sino el “primer abono” de una supuesta deuda criminal.

Una liberación sin operativos y bajo condiciones

Los detalles de la entrega del menor también llamaron la atención. Según fuentes citadas por Semana, una vez el dinero fue entregado, los emisarios de la Jaime Martínez contaron los billetes uno a uno y notificaron al delegado de Los Rastrojos.

Luego, en el corregimiento de Ampudia, dieron aviso a la Cruz Roja Internacional y a la Defensoría del Pueblo para concretar la liberación de Lyan. Todo se hizo sin presencia activa de la fuerza pública, que ya estaba al tanto de la complejidad del caso.

Para los organismos de derechos humanos, la conexión con estructuras narco paramilitares fue suficiente para retirarse del proceso de intermediación. No era un caso común de secuestro: se trataba de un conflicto interno del bajo mundo.

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