Redacción
Juan Sebastián Sosa
El escándalo por el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó este jueves un nuevo capítulo. Un informe de Noticias RCN reveló que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre e imputado por corrupción, obtuvo la residencia legal en Nicaragua gracias a gestiones que habría adelantado la Embajada de Colombia en ese país.
Según el reportaje, la Cancillería, a través de su representación diplomática en Managua, expidió el 21 de mayo una carta oficial para que González renovara su residencia. Lo que más ha generado indignación es la coincidencia de la fecha: ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por cohecho, peculado y lavado de activos.
Los documentos conocidos por el medio muestran que las autoridades de ambos países ya habían sostenido conversaciones previas sobre el estatus migratorio de González, quien habría llegado a Nicaragua el 5 de noviembre de 2024. El trámite costó 56 dólares, pero la polémica radica en que un prófugo de la justicia colombiana recibiera respaldo institucional para permanecer en el extranjero.
Pese a las revelaciones, desde el Gobierno nacional se han desmarcado del hecho. “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, dijo el presidente Gustavo Petro. Laura Sarabia, canciller en ese momento, también negó conocer o autorizar este trámite.
Incluso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aseguró que la Nota Verbal del 21 de mayo “no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”, marcando distancia de la actuación de la Embajada.
¿Quién firmó los documentos de residencia para González?
Las investigaciones señalan a Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, como la persona que firmó la carta oficial solicitando la residencia para Carlos Ramón González. Según la Cancillería, el funcionario lo hizo sin autorización de Bogotá.
En el comunicado emitido la noche del 14 de agosto, la entidad no aclaró si Muñoz enfrentará sanciones por omitir el conducto regular, que incluía informar a la entonces canciller Sarabia y al presidente Petro.
Cuando González llegó a Nicaragua en noviembre de 2024, el embajador era León Freddy Muñoz, dirigente del partido Alianza Verde, el mismo que González ayudó a fundar. León Freddy ocupó el cargo diplomático desde septiembre de 2022 hasta enero de 2025, cuando regresó a Colombia para asumir como senador.
Óscar Muñoz, cercano aliado político de León Freddy, fue su asesor en la Cámara de Representantes y, en noviembre de 2022, fue nombrado como segundo en la Embajada. Tras la salida de su jefe, quedó como encargado de negocios, el cargo diplomático de más alto rango en Nicaragua.
La cercanía política entre los protagonistas del caso ha encendido aún más la controversia, pues González fue durante años financiador, prestamista y presidente del partido Alianza Verde.
El rol de González en el escándalo de la UNGRD
En medio de la imputación de cargos, la Fiscalía lo señaló como el “cerebro” del entramado de corrupción que habría operado dentro de la UNGRD mientras dirigía el Dapre.
Según el ente acusador, González habría ordenado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar contratos por 60 mil millones de pesos a favor de congresistas como Iván Name y Andrés Calle, con la intermediación de la entonces consejera para las regiones Sandra Ortiz.
La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. González no aceptó ninguno. Hoy, el exfuncionario continúa fuera del alcance de la justicia colombiana, mientras el Gobierno y la Cancillería intentan deslindarse de las gestiones que facilitaron su permanencia en Nicaragua.
El presidente Gustavo Petro, ante el nuevo escándalo que estalló, anunció que se solicitará al gobierno nicaragüense entregue a Carlos Ramón González a las autoridades judiciales de Colombia.
Comparte en:
