Redacción
Juan Sebastián Sosa
En la noche de este miércoles, tras concluir las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación anunció un nuevo paso en el proceso judicial por el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Modelia. Cuatro de los seis capturados fueron imputados ahora por homicidio agravado consumado, una vez confirmada la muerte del político.
Esta modificación de cargos, que inicialmente era por tentativa de homicidio agravado, podría conllevar penas de 35 a 50 años de prisión dependiendo de los agravantes que se establezcan en el juicio. La decisión fue tomada por un fiscal especializado de la Seccional Bogotá, quien argumentó que el cambio responde a la evolución de los hechos jurídicos tras el fallecimiento del congresista.
Los nuevos imputados son: Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’; y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’. A Martínez y González Cruz también se les sumó el delito de concierto para delinquir agravado, de acuerdo con nuevos elementos probatorios.
La Fiscalía detalló que los cuatro permanecen privados de la libertad y enfrentan otros delitos como utilización de menores para delinquir, destrucción de pruebas y porte ilegal de armas. En el caso de Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’, la audiencia se reprogramó debido a un cambio de defensa, aunque se espera que también sea acusado por homicidio agravado.
Expertos en derecho penal, como la abogada María Fernanda Chica, explicaron que este tipo de variaciones de cargos es legal siempre que ocurra antes de la formulación de acusación, garantizando el derecho a la defensa y la congruencia procesal.
Roles clave de los acusados en el atentado contra Miguel Uribe
La investigación de la Fiscalía ha permitido reconstruir los supuestos roles de cada implicado en el atentado. Según el ente acusador, Arteaga Hernández habría coordinado las acciones antes y después del crimen, entregando al menor de edad el arma usada en el ataque.
González Cruz habría participado en la planeación, reconocimiento del lugar y reclutamiento del adolescente que disparó. También se le acusa de facilitar la huida de otros involucrados y vender uno de los teléfonos usados en la operación.
Por su parte, Martínez Martínez habría asistido a reuniones clave donde se definieron los roles delictivos y transportado el arma hasta el joven infractor. González Ardila presuntamente condujo la motocicleta que esperó al menor tras el ataque para garantizar su escape.
La Fiscalía sostiene que esta red actuó de forma coordinada y premeditada, utilizando a un menor como ejecutor material para dificultar el rastreo y endurecimiento de penas.
Por qué el menor que disparó no será acusado por homicidio
Pese a la gravedad de los hechos, el joven de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay no enfrentará el cargo de homicidio agravado. La razón es que su proceso en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ya estaba avanzado y, tras la acusación inicial por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, el menor aceptó cargos.
En este sistema, la ley no permite cambiar la tipificación del delito después de la acusación formal. Además, la pena máxima para menores es de ocho años en un Centro de Atención Especializada, independientemente de si el delito es tentativa o consumado.
El abogado penalista Juan Felipe Criollo, en diálogo con el diario El Tiempo, señaló que este desenlace era previsible y que la situación jurídica del menor no cambiará, ya que la ley busca su resocialización más que un castigo prolongado.
En la misma línea, el penalista Fabio Humar explicó en diálogo con Caracol Radio que, a diferencia de un adulto, el menor no podría recibir una condena más alta por el cambio de calificación del delito. “Ya no hablamos de tentativa, sino de homicidio agravado consumado. Sin embargo, en el caso de un adolescente, la pena máxima está fijada y no se puede aumentar”.
Esta situación ha generado debate sobre los alcances del sistema penal juvenil en casos de crímenes de alto impacto, especialmente cuando involucran a menores como autores materiales de magnicidios.
Comparte en:
