Redacción
Juan Sebastián Sosa
La investigación que llevaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña de Gustavo Petro concluyó que se habrían violado los topes legales de gastos por más de 5.300 millones de pesos, incluyendo la primera y la segunda vuelta, según dio a conocer Daniel Coronell en el ‘Reporte Coronell’ de La W Radio.
De acuerdo con la información revelada, “con engaños y omisiones”, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia rebasó los límites por más de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y de 1.600 millones de pesos en la segunda. Además, utilizaron fuentes de financiación prohibidas.
La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) llegó a la conclusión de que, además de superar los topes, la campaña recibió aportes de personas jurídicas, algo que está prohibido expresamente por la ley.
Las violaciones en la primera vuelta
Para la primera vuelta, la indagación estableció que hubo siete violaciones.
No se reportó un aporte de 500 millones de pesos de Fecode. La campaña señala que no recibió ese aporte de forma directa, sino que se hizo a través de la Colombia Humana. Sin embargo, en la investigación señalan que el aporte fue aprobado por Fecode como “apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro”. También hay una certificación de que Fecode dio el dinero como “aporte económico para colaborar con la campaña Petro presidente 2022-2026”.
Otra irregularidad es la omisión de un aporte por 500 millones de pesos del Partido Polo Democrático Alternativo. Inicialmente se registró como un préstamo, pero luego se borró de los registros.
Omisión de pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales, a través de Ingenial Media. Los pagos se hicieron por medio de una compañía llamada Matrix Giros y Servicios. Coronell explica que la campaña de Petro en el 2018 sí decidió registrar los pagos a testigos como gasto para la reposición de dinero, pero en la del 2022 decidieron no integrarlos en los registros.
Una factura refundida de Caracol Televisión. La cuenta da un poco más de 356 millones de pesos por publicidad en primera vuelta, que fue reportada solamente en la segunda vuelta. La campaña debe declarar los gastos de cada vuelta por separado.
Vuelve a aparecer Ingenial Media. No se reportaron 202 millones de pesos que se usaron para el pago de los testigos electorales, de los que estaba encargado Xavier Vendrell. Esa plata provino de la campaña al Senado del Pacto Histórico.
No se reportaron 1.200 millones de pesos en vuelos privados que se pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué. Las facturas fueron anuladas y luego se registraron como gastos para el transporte del candidato y otros miembros de la campaña.
La última irregularidad es la omisión en el aporte de 121 millones de pesos por parte del sindicato de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO).
Fecode y la USO no estaban habilitados para hacer aportes porque son personas jurídicas.
Violaciones en la segunda vuelta
En la segunda vuelta hubo otras cinco irregularidades:
El alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria. Si bien el valor fue reportado por 150 millones de pesos, la investigación encontró que el valor real fue de 250 millones de pesos. En total se emitieron dos facturas: la primera se emitió a nombre de Ricardo Roa por 150 millones de pesos y la segunda por 100 millones a una empresa llamada Servi Red SAS.
Nuevamente, otra irregularidad tiene que ver con Ingenial Media, la empresa que pagaba las labores del catalán Xavier Vendrell. Se omitió el pago de 177 millones de pesos por testigos electorales.
Omisión de pagos por más de 960 millones de pesos en vuelos privados, nuevamente a la Sociedad Aérea de Ibagué.
No se incluyó otro aporte de más de 530 millones de pesos por parte de la Colombia Humana para transportar y alimentar a los testigos electorales.
La última irregularidad tiene que ver con la omisión de otro aporte de la USO por 379 millones de pesos para, presuntamente, el pago de testigos.
¿Qué consecuencias tiene la investigación para el presidente Petro?
Los resultados de esta investigación administrativa solo podrían traer consecuencias económicas (como multas o devolución de dineros) para las responsables de la campaña. El presidente solo puede ser investigado penalmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Actualmente, hay un proyecto de resolución que estudia el CNE y que decidirá la próxima semana si le abre cargos administrativos por estas presuntas irregularidades al presidente Gustavo Petro, al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
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