En las últimas horas se conoció un nuevo episodio en la novela de los pasaportes que tiene enfrentados a la Cancillería y a la compañía Thomas Greg & Sons. Todo está anclado al proceso de licitación de los pasaportes que la Cancillería declaró desierto y que la compañía reclama ya haber ganado. 

El lío ha continuado porque el propio canciller Álvaro Leyva pidió que no se concilie con la empresa, pero un grupo de expertos de esa cartera contradijo a Leyva y pidió que sí se llevará a cabo la conciliación. 

Sin embargo, durante la audiencia de conciliación, que se realizó esta semana, no se llegó a un acuerdo entre las partes. El proceso terminó siendo fallido y ahora Thomas Greg anunció que seguirá con la demanda millonaria contra el Estado. 

Este martes, en la Procuraduría, se llevó a cabo el tercer y último intento de conciliación. La firma lo que proponía es que se le adjudicara el contrato a cambio de no demandar el Estado, pero la Cancillería alegó que la licitación ya se había declarado desierta. 

“Me siento muy muy tranquilo, porque tengo la verdad, la razón y el derecho a mi favor. Es un proceso con los argumentos suficientes para sacarlo adelante en los términos en que lo estoy planteando”, le dijo Leyva a Semana sobre el proceso. 

Urgencia manifiesta para producir pasaportes

En medio del lío, el canciller Leyva tomó la decisión el pasado 14 de septiembre de declarar urgencia manifiesta para poder adjudicar el contrato por un año y seguir produciendo los pasaportes. El contrato con Thomas Grega se vencía el pasado 2 de octubre, pero esa empresa logró la prórroga por un año más.  

“Lastimosamente, no hubo un acuerdo, esta es la tercera sesión de la audiencia de conciliación y se está en este momento en la elaboración del acta de conciliación que va a contener todos los pronunciamientos de los apoderados de las partes intervinientes”, explicó Fernanda García, procuradora judicial. 

Y añadió: “Se expide la certificación, no solamente es el acta de conciliación, sino también la certificación correspondiente, certificación que va con destino al apoderado, a la parte convocante de Thomas Greg; a través de esa certificación, él tomará la decisión de acudir o no a la jurisdicción cuando se usa administrativa para iniciar el medio de control que considere que debe proceder”. 

Por su parte, la compañía señala que se le causó una grave afectación por la decisión de la Cancillería de declarar desierta la licitación y aseguró que hará efectivas sus amenazas de demandar al Estado por afectación económica y daño a su reputación. 

Ahora, el Estado se expone a una demanda de 117 mil millones de pesos, más cuatro mil millones de pesos adicionales en servicios. 

“Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso”, le dijo el canciller a Semana. 

Con información de Semana 

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