Redacción admin

Tres buques destructores de la Armada de Estados Unidos están en ruta hacia el mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. Se trata del USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, embarcaciones clase Arleigh Burke, reconocidas por su capacidad de combate en múltiples frentes: aéreo, terrestre y submarino. Su despliegue forma parte de una operación militar ordenada por el expresidente Donald Trump como respuesta a lo que considera amenazas de organizaciones narcotraficantes designadas por su administración como “terroristas globales”.

 

Aunque la llegada de los buques estaba programada para el martes en la noche, se vio retrasada por el paso del huracán Erin, que descendió a categoría 2. Sin embargo, se espera que la flota llegue en las próximas horas para integrarse a un despliegue que también incluye un submarino, aviones espía P-8, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima, y 4.000 efectivos.

 

Capacidad militar: buques con hasta 96 misiles cada uno

 

Estos destructores cuentan con sistemas de guerra antiaérea (AAW), antisubmarina (ASW) y antisuperficie (ASuW), lo que les permite actuar tanto en solitario como integrados a Grupos de Ataque de Portaaviones o de Acción de Superficie. De hecho, según informó el Pentágono, cada uno de estos buques puede transportar hasta 96 misiles, lo que los convierte en verdaderas plataformas flotantes de poder ofensivo.

 

Además, el grupo anfibio al que pertenecen lleva helicópteros, vehículos blindados y aviones de despegue rápido, lo que refuerza la capacidad de intervención inmediata. El USS Iwo Jima, considerado el buque insignia de esta operación, tiene la misión de garantizar los intereses estratégicos de EE. UU., disuadir amenazas y mantener abiertas las rutas marítimas internacionales.

 

 

¿Por qué ahora? La estrategia de Trump contra el “terrorismo narcotraficante”

 

El despliegue ocurre pocos días después de que Washington declarara al presidente Nicolás Maduro como uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo”, aumentando la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. También se oficializó la incautación de más de 700 millones de dólares en activos vinculados al líder venezolano.

 

Según la analista internacional Teresita Aya, consultada por Noticias Caracol, esta acción no es nueva ni improvisada. “Trump ha sido claro desde hace años. Declaró al Cartel de Los Soles, el de Sinaloa y el Tren de Aragua como terroristas. Esto le permite utilizar al Ejército directamente, sin pasar por el Congreso”, explicó.

 

La experta recordó también antecedentes como la invasión a Granada o la captura de Noriega en Panamá, aunque en esta ocasión se trata de una movilización más reducida pero con mayor capacidad tecnológica y de precisión armada.

 

 

Respuesta de Maduro: 4,5 millones de milicianos en alerta

 

Ante este panorama, el presidente Nicolás Maduro no tardó en responder. Desde Caracas anunció la activación de un “plan especial de defensa nacional”, con la participación de más de 4,5 millones de milicianos distribuidos por todo el territorio venezolano. Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo un llamado a la comunidad latinoamericana para rechazar lo que calificó como una “amenaza directa de intervención militar”.

 

“Estamos ante un nuevo intento imperialista de quebrar la soberanía de nuestra patria”, expresó Rodríguez, al tiempo que pidió unión entre los países de la región para rechazar el avance militar estadounidense en aguas del Caribe.

 

 

¿Qué puede pasar? Riesgos de una escalada regional

 

Aunque no hay declaraciones oficiales sobre una intención inmediata de intervención directa, el posicionamiento de estas unidades militares tan cerca del territorio venezolano aumenta las tensiones geopolíticas en la región. Analistas consideran que el movimiento busca generar presión diplomática y militar, y al mismo tiempo impedir actividades relacionadas con el narcotráfico y redes criminales transnacionales.

 

No obstante, la posibilidad de un error o incidente en altamar que escale a una confrontación real sigue siendo un riesgo latente. A esto se suma la preocupación de países vecinos como Colombia y Brasil, que observan con atención cualquier acción que pueda alterar el equilibrio de la región.

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