Una realidad inocultable salió a flote con la captura e imputación de cargos contra el jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Según el indictment revelado por la justicia de Estados Unidos, durante más de dos décadas, el régimen operó como un engranaje aliado del crimen organizado en la región.

El documento también señala a otras figuras claves del poder venezolano: Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Justicia y Paz; Ramón Rodríguez Chacín, quien también ocupó ese ministerio; Nicolás Ernesto Maduro, hijo mayor del mandatario, y Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, líder máximo de la organización criminal Tren de Aragua.

El texto judicial es contundente: desde 1999, los acusados “se han asociado con organizaciones narcoterroristas transnacionales y bandas criminales violentas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA y acusado Héctor Rusthenford Guerrero”.

Se trata de una red criminal que no solo abarca a Venezuela, sino que ha extendido sus tentáculos por todo el hemisferio e incluso ha llegado a Europa. Según el indictment, esta alianza criminal no fue puntual ni reciente, sino sistemática y prolongada.

“Se combinaron, conspiraron, se aliaron y acordaron juntos y entre sí para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos”, señala la acusación. La conexión entre el régimen y las bandas transnacionales habría servido como plataforma para el tráfico de cocaína y otras actividades ilegales durante más de 25 años.

Estas revelaciones, hechas públicas el sábado 3 de enero de 2026 —el mismo día de la operación que terminó con la captura de Maduro—, reafirman lo que muchas agencias de inteligencia y gobiernos habían advertido: el régimen venezolano habría utilizado el aparato estatal para proteger y potenciar redes criminales.

Las acusaciones tienen implicaciones regionales directas. Varios de los grupos mencionados, como el ELN y las disidencias de las Farc, han generado graves crisis humanitarias y de seguridad en la frontera colombo-venezolana. El involucramiento del Tren de Aragua añade un componente transnacional que ya preocupa a Europa y a otros países del continente.

Los viajes secretos de Diosdado Cabello para pactar con el ELN, según EE. UU.

Uno de los apartes más delicados del indictment apunta directamente al número dos del régimen, Diosdado Cabello, a quien Estados Unidos señala por mantener vínculos activos con el ELN para facilitar el tráfico de drogas desde Colombia hacia Venezuela y otros destinos internacionales.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía”, dijo María Corina Machado —citada por Fox News en una entrevista distinta—. Desde hace un tiempo ya se conocía que Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Cabello.

El indictment describe una serie de desplazamientos reiterados de Cabello a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el ELN en zonas limítrofes entre Colombia y Venezuela. Estas visitas, entre 2022 y 2024, no fueron simbólicas: se trataría de acciones operativas para coordinar directamente con los jefes guerrilleros el paso de cargamentos de cocaína.

“Entre 2022 y 2024, aproximadamente, Cabello viajaba regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el Eln cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el tránsito seguro de la cocaína en territorio venezolano”, detalla el documento judicial.

Desde esas pistas, ubicadas en zonas remotas y fuertemente custodiadas por el ELN, se despachaba la droga hacia otros países mediante dos modalidades: “Desde estas pistas aéreas, la cocaína era despachada fuera de Venezuela tanto en vuelos aprobados por funcionarios militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección por las fuerzas del orden o los ejércitos de América del Sur y Central”.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Cabello actuaba como un supervisor directo, no como un intermediario distante. Verificaba el funcionamiento de las rutas y la colaboración con el ELN en persona, algo que demuestra —según el indictment— el compromiso estructural del régimen con estas actividades ilícitas.

Las pruebas incluyen testimonios e interceptaciones que revelan cómo, hacia finales de 2024, se discutían nuevos planes para continuar con el envío de cocaína desde Venezuela. “Hacia finales de 2024, traficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello Rondón planes para la continuación del tráfico de cocaína a través de Venezuela”, se lee en el documento.

La coincidencia con las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, suspendidas poco después, agrava el escenario político y diplomático. Que las rutas se mantuvieran activas en 2026 pone en duda la voluntad de paz del grupo guerrillero y evidencia la continuidad del respaldo desde Caracas.

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