Este martes, fue capturado Freddy Castellanos, acusado de haber abusado sexualmente de varios menores en el hogar infantil Canadá sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. El caso, que comenzó con la denuncia de una madre tras el presunto abuso a su hija de cuatro años, desencadenó el cierre inmediato del jardín por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La Fiscalía General de la Nación informó que Castellanos será presentado ante un juez de control de garantías y se le imputarán cargos por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros delitos. Según la entidad, las pruebas recolectadas durante la investigación fueron determinantes para ordenar su captura.

¿Quién era y cómo logró ser contratado?

Una de las mayores inquietudes que deja este caso es cómo Freddy Castellanos consiguió trabajar en una institución educativa para menores sin que se activaran alertas. Según explicó la directora del ICBF, Astrid Cáceres, en entrevista con Mañanas Blu, el hombre ingresó inicialmente como un reemplazo temporal, y luego “se fue quedando”.

Cáceres señaló que, aunque existen protocolos de verificación y aprobación de hojas de vida, “la ruta se surtió”, pero aún es materia de investigación cómo se permitió su vinculación. Aparentemente, Castellanos no tenía antecedentes judiciales y había trabajado anteriormente como profesor en colegios privados, lo que dificultó detectar riesgos.

“Entró como reemplazo”: la puerta de entrada

Según testimonios de padres de familia recogidos por el ICBF, Castellanos habría sido recomendado de manera informal, posiblemente a través de un vínculo con la coordinadora del jardín. “Nos dijeron que entró por un reemplazo y se fue quedando. Eso nos lo contaron los papás”, afirmó Cáceres.

Esta modalidad de ingreso plantea serias dudas sobre los controles internos en instituciones que trabajan con infancia. Aunque los operadores contratistas del ICBF deben presentar las hojas de vida al Comité contractual para su revisión, la falta de verificación de redes, referencias o trayectoria reciente podría haber sido un factor clave.

Vacíos en el proceso de contratación del ICBF

Actualmente, el ICBF administra más de 70.000 unidades de atención en todo el país. En teoría, cada contratación debe pasar por filtros institucionales, revisión de antecedentes judiciales y verificación de experiencia. Sin embargo, en este caso, no se detectaron anomalías a tiempo.

La directora del instituto reconoció que el caso deja “una alerta” sobre posibles debilidades en los procesos de selección, sobre todo cuando se trata de reemplazos rápidos o situaciones de emergencia operativa. “Parece que la hoja de vida fue validada, pero no encontramos antecedentes. Esa es la verdad”, afirmó.

Medidas inmediatas y apoyo a las víctimas

Desde el momento en que se conoció la denuncia de la madre, el ICBF activó un plan de respuesta integral. Se cerró preventivamente el jardín infantil y se movilizaron equipos psicosociales para brindar apoyo a las familias afectadas. Además, se presentó la denuncia ante la Fiscalía el mismo día que se recibió la queja.

“El sábado una madre nos habló del manejo irregular de la situación. Desde ese momento empezamos a actuar”, explicó Cáceres.

“Ninguno del personal seguirá ahí”

El ICBF también confirmó que ninguno de los funcionarios que trabajaban en el hogar infantil Canadá sede F continuará en sus cargos. La entidad anunció investigaciones internas y revisión de los vínculos de todo el personal del jardín, con el fin de esclarecer si hubo omisión, encubrimiento o negligencia.

“El jardín permanece cerrado y una de las condiciones para reabrirlo es que nadie del personal anterior esté allí. Todos están bajo investigación”, indicó la funcionaria.

¿Quién responde por los filtros de seguridad?

Aunque el acusado no tenía antecedentes penales, el hecho de que llegara recomendado y que su contratación no haya sido sometida a controles más estrictos pone en tela de juicio la responsabilidad de los operadores y coordinadores de los jardines infantiles asociados al ICBF.

Expertos en infancia y derechos humanos han reiterado que estos espacios deben tener “cero tolerancia” y máxima vigilancia en sus procesos de contratación. La confianza de las familias y la seguridad de los niños dependen de ello.

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