Redacción
Juan Sebastián Sosa
La polémica por la parranda en la cárcel de Itagüí sigue creciendo y ahora suma nuevos elementos que agravan la situación. Investigaciones en curso sobre el evento del 8 de abril de 2026, en el que participó Nelson Velásquez, revelan presuntos pagos a guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para permitir el ingreso irregular de personas, artistas y logística sin controles.
Este nuevo capítulo del escándalo no solo pone en evidencia posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, sino que también abre interrogantes sobre el control real en estos centros de reclusión. Las denuncias han sido respaldadas por documentos y declaraciones de concejales de Medellín, quienes advierten que lo ocurrido no sería un hecho aislado.
Revelan pagos a guardias del Inpec en parranda de Itagüí
El concejal Andrés Tobón presentó documentos que hoy están bajo análisis de las autoridades y que apuntan a un posible esquema de pagos ilegales dentro de la cárcel de Itagüí. Según su denuncia, algunos guardianes habrían recibido dinero para omitir controles durante el ingreso de los asistentes a la parranda.
De acuerdo con la información revelada, cada guardia habría recibido cerca de 1 millón de pesos para permitir el acceso sin dejar registro en la minuta oficial ni realizar requisas. Esto habría facilitado la entrada de elementos prohibidos y de personas sin ningún tipo de verificación.
El cabildante fue enfático al señalar que “aparentemente, para ingresar a la cárcel de Itagüí, sin que quede registro en la minuta ni en ninguna parte, la gente puede pagar hasta 1 millón de pesos e incluso no se les hace requisas de ningún tipo”.
Estas prácticas, según Tobón, se habrían coordinado con estructuras criminales al interior del penal, lo que permitió que la logística del evento ingresara sin ningún control institucional. Esto incluye equipos de sonido, bebidas alcohólicas y otros elementos necesarios para la celebración.
Además, indicó que no existe registro oficial del ingreso de vehículos, músicos ni equipos, lo que evidencia una ruptura total en los protocolos de seguridad. A pesar de esto, se reportó la entrada de 138 visitantes, entre ellos 41 hombres y hasta ocho menores de edad.
Millonaria parranda en cárcel de Itagüí: distribución de dinero
Las denuncias también detallan cómo se habría distribuido el dinero de la parranda, cuyo costo total se estima en 500 millones de pesos. Según lo expuesto por la concejal Claudia Carrasquilla ante el Concejo de Medellín, una parte significativa se destinó al pago de artistas y logística.
De ese monto, aproximadamente 100 millones de pesos habrían sido para el cantante Nelson Velásquez, mientras que el resto se utilizó en comida, bebidas alcohólicas, transporte y otros servicios necesarios para el evento.
Sin embargo, uno de los puntos más delicados es que cerca de 200 millones de pesos habrían quedado disponibles para ser repartidos entre personas que facilitaron el ingreso y desarrollo de la celebración dentro del penal.
Carrasquilla advirtió que estos recursos podrían haber llegado a funcionarios del Inpec, aunque será la Fiscalía la encargada de determinar responsabilidades individuales dentro de la investigación en curso.
La magnitud de la parranda, sumada a la presunta participación de estructuras criminales, refuerza las críticas sobre los privilegios que tendrían algunos cabecillas recluidos en medio de los diálogos de paz urbana.
Cámaras dañadas y control de cabecillas en la cárcel de Itagüí
Otro de los hallazgos que agrava el caso es el estado de las cámaras de seguridad dentro del penal. Según reveló Blu Radio y la concejal Claudia Carrasquilla, estos sistemas no estaban funcionando al momento de la parranda.
De acuerdo con la denuncia, los propios cabecillas de las bandas habrían solicitado que no se repararan las cámaras, con el fin de evitar controles sobre las actividades que se realizan al interior de la cárcel.
En palabras de Carrasquilla: “Aprovecharon que las cámaras estaban malas y le solicitaron a la USPEC que no las reparara porque esto les permitía a ellos perder de cierta manera esa opacidad que manejan al interior, porque se podía establecer quienes llegan a las reuniones y a ellos no les serviría”.
Además, explicó que las únicas imágenes conocidas del ingreso de personas y del artista no provienen del penal, sino de cámaras externas de la Alcaldía de Itagüí, lo que evidencia la falta de control interno.
La concejal también advirtió que el control dentro del centro penitenciario estaría en manos de los cabecillas: “los 23 bandidos que se encuentran sentados en las mesas de los diálogos socio jurídicos”, lo que plantea un escenario crítico sobre la autoridad real en la cárcel.
Investigaciones y medidas tras escándalo en cárcel de Itagüí
Tras la revelación de estos hechos, el Inpec anunció medidas inmediatas. Entre ellas, la salida del director de la cárcel de Itagüí y la apertura de investigaciones disciplinarias contra siete funcionarios que estaban de turno el día de la parranda.
El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que se adelantan acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades dentro del personal del establecimiento.
En un comunicado oficial, la entidad señaló: “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC- Se permite informar a la opinión pública las medidas que se van a tomar frente a las denuncias presentadas, por el ingreso de un artista al Establecimiento de Itaguí. Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.
Paralelamente, la Fiscalía avanza en varias líneas de investigación que incluyen posibles delitos como corrupción, omisión de funciones y facilitación de actividades ilegales dentro del penal.
El escándalo de la parranda en la cárcel de Itagüí sigue escalando y cada nuevo detalle refuerza las dudas sobre el control institucional en estos centros, así como sobre los beneficios que estarían recibiendo algunos cabecillas en medio de procesos de negociación con el Estado.
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