Redacción admin

La economía en Colombia pasa por momentos complicados desde hace varios años. El 2024 no ha sido la excepción y algunos factores como las tasas de interés altas, un desempleo creciente y la inflación hacen que cada vez más personas se vean superadas por sus deudas y tengan que acudir a la ley de insolvencia económica.

 

Se trata de la ley 1380 de 2010, la cual enlista las condiciones y pasos a seguir para acceder al regimen de insolvencia económica, lo cual plantea ciertos beneficios para que las personas puedan de alguna manera sanear sus deudas.

 

Esta legislación también determina que las razones para ingresar a este son el incumplimiento del pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días y la existencia de una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva en su contra.

 

Además, las deudas en mora o sujetas a reclamación judicial deben constituir al menos el 50% del pasivo total del deudor.

 

¿Cómo acceder al régimen de insolvencia económica?

 

La solicitud para comenzar el proceso de negociación de deudas requiere la presentación de varios documentos y puede ser realizada directamente por el deudor o mediante un representante legal. Los pasos y requisitos particulares son los siguientes.

 

1) Informe de causas de insolvencia: Explicación detallada de las razones que llevaron a la situación de insolvencia.


2)Propuesta de negociación de deudas: Debe ser clara, expresa y objetiva, adecuada al estado patrimonial y crediticio del deudor.
 

3) Relación de acreedores: Detallada y actualizada, incluyendo nombres, domicilios, direcciones, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos de los créditos, fechas de otorgamiento y vencimiento, y datos de codeudores, fiadores o avalistas.
 

4)Relación de activos: Detallada, incluyendo activos en el exterior, valores, datos para identificación, gravámenes, afectaciones y medidas cautelares, y activos transferidos en los últimos seis meses.
 

5)Relación de procesos judiciales y administrativos: Indicar los procesos en curso y su estado.


6)Certificación de un Contador Público Independiente: Confirmando el cumplimiento de los requisitos legales.


7) Certificación de ingresos: Del empleador o de un contador público si el deudor es trabajador independiente.


8) Relación de gastos de subsistencia: Para el deudor y sus dependientes.


9)Monto de obligaciones que deben seguir siendo pagadas durante el proceso.
 

10)Información sobre la sociedad conyugal: Si aplica, incluyendo detalles sobre la liquidación reciente de la misma.

 

La legislación indica que los formularios requeridos están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web del Ministerio del Interior y de Justicia, así como en los Centros de Conciliación. Todas las declaraciones se hacen bajo juramento, y se debe incluir una afirmación explícita de la veracidad y precisión de la información suministrada.

 

¿Tiene algún costo?

 

Otro aspecto relevante es que este procedimiento no tiene costos asociados. Los funcionarios públicos autorizados para llevar a cabo la conciliación, así como los centros de conciliación vinculados a consultorios jurídicos de facultades de derecho y entidades gubernamentales, ofrecen sus servicios de forma gratuita. En contraste, los notarios y los centros de conciliación privados pueden cobrar tarifas establecidas por sus servicios.

 

¿Qué implica ser aceptado en este régimen?

 

Según explica el diario Portafolio, uno de los efectos principales es la detención del cobro de intereses sobre todas las obligaciones contempladas en el proceso de insolvencia. 

 

Esto implica que, durante la etapa de negociación, no se acumularán más intereses ni se aplicarán cargos adicionales, como cuotas de administración, gestión u otros cobros similares que los acreedores puedan solicitar al deudor. 

 

Esta pausa proporciona al deudor un alivio financiero, permitiéndole enfocarse en la negociación de un acuerdo de pago sin que su deuda siga aumentando constantemente.

 

Otro efecto vital es la interrupción de acciones civiles ejecutivas y de cualquier proceso de recuperación de bienes o de jurisdicción coactiva contra el deudor. Desde el momento en que se aprueba la solicitud, no se pueden iniciar ni proseguir acciones legales para recuperar las deudas contempladas en el proceso de insolvencia.

 

Por último, los proveedores de servicios públicos domiciliarios están prohibidos de suspender la provisión de sus servicios al deudor debido a deudas pendientes una vez que se haya iniciado el proceso de negociación de deudas. 

 

Si el servicio ya estaba suspendido, deben restablecerlo, evitando así cualquier perjuicio adicional para el deudor. Los costos de los nuevos servicios prestados desde el comienzo del proceso se abonarán de manera prioritaria, garantizando que el deudor pueda mantener el suministro de servicios básicos mientras se resuelve su situación financiera.

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