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¿Subirá el precio de los pasaportes en Colombia? En medio de la incertidumbre por el futuro del documento, necesario para salir del país, surgió una nueva controversia. En el borrador del convenio interadministrativo entre Colombia y Portugal, revelado por Blu Radio, se conoció que el nuevo esquema plantea que el valor del documento se fije en euros y no en pesos colombianos.
El pasaporte con chip tendría un costo base de 17 euros, que al cambio actual equivale a unos 79.900 pesos. A esa cifra se le sumarían gastos como transporte, el impuesto de timbre (75.000 pesos) y otros costos operativos. Esto significa que el precio final podría ser igual o incluso mayor al que se paga hoy, dependiendo de cómo fluctúe el euro frente al peso.
Actualmente, el pasaporte ordinario en Bogotá cuesta 186 mil pesos, mientras que el ejecutivo vale 319 mil pesos. Con el nuevo esquema, el precio ya no sería fijo en pesos, sino que quedaría sujeto a las variaciones del mercado cambiario internacional.
El documento filtrado indica que la Casa de la Moneda de Portugal (INCM) asumiría la producción y personalización de los pasaportes durante 10 años, desde septiembre de 2025 hasta julio de 2035. La Cancillería colombiana, por su parte, se haría cargo de los sobrecostos derivados de la fluctuación de la tasa de cambio.
¿En qué va el proceso de los pasaportes?
Ante la polémica que ha generado la producción de este documento, el nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, resaltó este jueves que ya estaría todo listo para firmar el acuerdo con Portugal e iniciar la producción a través de la Imprenta Nacional.
Ahora bien, el 1 de septiembre vence el contrato con la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, responsable de fabricar los documentos en 2024. Aunque la saliente canciller Laura Sarabia buscó extenderlo por 11 meses, el Gobierno quiere que la Imprenta Nacional asuma el proceso. Pero la entidad no está preparada.
La propia Cancillería reconoció este martes que el nuevo modelo de pasaportes, basado en un acuerdo de cooperación con Portugal, no podrá operar a partir del 1 de septiembre. La revelación fue hecha en respuesta a un derecho de petición interpuesto por la senadora Angélica Lozano, quien calificó como grave la situación y advirtió que existe improvisación.
En el oficio, el Ministerio admitió que no existe un acuerdo firmado con Portugal, que la planta de la Imprenta Nacional no está habilitada y que no hay presupuesto aprobado para garantizar el servicio hasta 2030. Incluso si se firmara el convenio de inmediato, se requerirían al menos 35 semanas para implementar el sistema.
Además, alertó sobre la falta de vigencias futuras, necesarias como respaldo presupuestal para el Acuerdo de Cooperación Comercial. Ante este panorama, la Cancillería prepara una declaratoria de urgencia manifiesta para firmar un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons.
La senadora Lozano también denunció que el Ministerio del Interior estaría preparando un decreto para facilitar la contratación “a dedo de una empresa privada, nada que ver con lo público, para la fabricación de los pasaportes. La solución parece ser un contrato a dedo y sin licitación”.
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