El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que busca endurecer el control sobre los servicios de movilidad en el país. La propuesta ya genera preocupación entre conductores, usuarios y plataformas digitales como Uber, DiDi e InDrive.

El proyecto fue presentado el 20 de enero ante la Secretaría del Senado y consta de 118 artículos distribuidos en 86 páginas. Desde distintos sectores se advierte que el articulado podría convertirse en una vía para prohibir de facto las aplicaciones de transporte que hoy operan fuera del marco legal vigente.

¿Qué propone el Proyecto de Ley 347 de 2026?

La iniciativa plantea un régimen sancionatorio más estricto para regular la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Uno de los puntos que más inquietud ha generado es que las sanciones no recaerían únicamente sobre los conductores, sino que también podrían afectar a usuarios, plataformas digitales y terceros que faciliten o permitan la operación de estos servicios.

De acuerdo con los promotores del proyecto, el objetivo es reforzar la legalidad y el control estatal sobre la movilidad. Sin embargo, críticos del texto consideran que la propuesta desconoce la realidad del transporte digital y su papel en la movilidad diaria de millones de personas en Colombia.

Artículo 8: sanciones para conductores, usuarios y plataformas

Uno de los apartados más controversiales es el artículo 8, que amplía la responsabilidad más allá del conductor. Según el texto, podrían ser sancionados:

    •    Conductores que presten el servicio por medio de apps no habilitadas.
    •    Plataformas digitales que intermedien el servicio.
    •    Usuarios que utilicen estos medios de transporte.
    •    Terceros que faciliten o permitan la prestación del servicio.

Este enfoque ha sido interpretado por analistas como un endurecimiento sin precedentes, que podría desincentivar el uso de plataformas tecnológicas de movilidad.

Multas de hasta 4,7 millones de pesos por infracción

El artículo 31 del proyecto establece multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada infracción relacionada con la prestación del servicio a través de plataformas informales. Estas sanciones aplicarían de manera individual, lo que abre la puerta a reiteradas penalizaciones para quienes continúen usando o prestando el servicio.

Para conductores y usuarios, este punto representa un riesgo económico directo, especialmente en un contexto donde estas apps se han convertido en una alternativa frecuente frente a la escasez o el costo del transporte tradicional.

Edificios y conjuntos también podrían ser sancionados

El proyecto va más allá del conductor y el usuario. El artículo 88 contempla sanciones para propiedades horizontales, como edificios, conjuntos residenciales y centros comerciales.

Según la propuesta, estos espacios podrían enfrentar multas de hasta 726 millones de pesos si permiten o consienten el uso de sus zonas de parqueo para vehículos vinculados a plataformas de transporte informal. Este punto ha encendido las alarmas entre administradores y propietarios, que temen asumir responsabilidades ajenas a su control directo.

La advertencia de las plataformas: impacto social y económico

La organización Alianza In Colombia, que agrupa a varias aplicaciones de transporte, aseguró que el Proyecto de Ley 347 de 2026 busca eliminar el modelo de movilidad digital en el país.

Según esta alianza, la iniciativa tendría un alto impacto social y económico, al afectar directamente a 1,2 millones de conductores que generan ingresos a través de estas plataformas, así como a millones de usuarios que las utilizan a diario para movilizarse, trabajar o estudiar.

Un debate que apenas comienza

El Proyecto de Ley 347 de 2026 apenas inicia su trámite en el Congreso, pero ya perfila un debate intenso sobre el futuro de la movilidad digital en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mayor control y legalidad, conductores, plataformas y usuarios advierten que la propuesta podría restringir opciones de transporte, aumentar costos y afectar el empleo.

En los próximos meses, el articulado será discutido y eventualmente modificado, en un proceso que definirá si Colombia avanza hacia una integración regulada de las apps de transporte o hacia su salida definitiva del país.

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