El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó una propuesta para modificar la manera en que se utilizan los estratos socioeconómicos en Colombia al momento de asignar subsidios en los servicios públicos. La iniciativa aparece en las bases del borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado ‘Colombia, la Patria Milagro’, que se conoció este martes 10 de noviembre de 2026.

El cambio consistiría en complementar la clasificación de las viviendas con información sobre los ingresos, la vulnerabilidad y la capacidad de pago de quienes las habitan. De esta manera, el Gobierno buscaría identificar con mayor precisión qué hogares necesitan subsidios en los recibos de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, y cuáles deberían contribuir a financiarlos.

Aunque la propuesta podría modificar la distribución de estos beneficios, todavía no establece nuevas tarifas ni determina qué familias perderían o recibirían apoyos. Su aplicación dependerá de los estudios y pruebas que desarrollen las entidades responsables, antes de que se adopten cambios en el sistema actual.

¿Cómo cambiarían los estratos socioeconómicos en Colombia con el Gobierno de De la Espriella?

Actualmente, la estratificación socioeconómica está regulada por la Ley 142 de 1994, que clasifica las viviendas en seis niveles según las características del inmueble y las condiciones de su entorno. Este modelo no tiene en cuenta directamente cuánto dinero reciben las personas que viven en cada propiedad.

El Gobierno considera que esta situación puede generar dificultades al momento de distribuir los subsidios. Según el diagnóstico del borrador, existen errores de inclusión y exclusión que pueden provocar que hogares con capacidad económica reciban beneficios, mientras otros con menores ingresos quedan por fuera debido a la clasificación de sus viviendas.

El documento advierte: “Se han documentado igualmente ineficiencias relacionadas con los errores de inclusión y exclusión derivados de la focalización de subsidios mediante la estratificación socioeconómica”.

Para atender este problema, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabajaría junto con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los ministerios de Minas y Energía y de Vivienda, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en una actualización de la metodología utilizada.

La intención no sería eliminar de inmediato los seis estratos, sino complementarlos con información económica de los hogares. El objetivo, según las bases del plan, es “mejorar la identificación de las condiciones de ingreso, vulnerabilidad y capacidad de pago de los hogares”, para que los subsidios respondan mejor a las necesidades de la población.

¿Qué pasaría con los subsidios de servicios públicos de los estratos 1, 2, 3, 5 y 6?

Una de las principales implicaciones de la iniciativa estaría relacionada con la forma en que se distribuyen los descuentos en las facturas de servicios públicos. El modelo vigente utiliza la clasificación socioeconómica para determinar qué usuarios pueden recibir subsidios y cuáles deben aportar recursos para ayudar a financiarlos.

De acuerdo con la información presentada, los hogares de los estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a apoyos sobre el consumo básico. Por su parte, los usuarios de los estratos 5 y 6, junto con establecimientos comerciales e industriales, realizan contribuciones destinadas a financiar parte de estos beneficios.

Así funciona el esquema de subsidios y contribuciones descrito en la información del plan:

• Estrato 1: subsidios de hasta el 50 % sobre el consumo básico.

• Estrato 2: subsidios de hasta el 40 % sobre el consumo básico.

• Estrato 3: subsidios de hasta el 15 % sobre el consumo básico.

• Estratos 5 y 6: contribuciones de hasta el 20 % para financiar los subsidios.

• Comercios e industrias: también realizan contribuciones de hasta el 20 %, según el esquema descrito.

Con la propuesta del Ejecutivo, estos apoyos podrían asignarse teniendo en cuenta no solo las características de la vivienda, sino también la situación económica de sus habitantes. Esto permitiría revisar casos en los que la clasificación del inmueble no corresponda con la capacidad de pago de quienes residen allí.

Sin embargo, el borrador no define nuevos porcentajes de subsidios ni contribuciones. Tampoco establece los límites de ingresos que se utilizarían para decidir qué hogares conservarían los beneficios, cuáles podrían recibirlos por primera vez o quiénes tendrían que asumir mayores aportes.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos y cómo se utilizaría para modificar los estratos?

Una de las herramientas centrales de la propuesta sería el Registro Universal de Ingresos (RUI), una base de datos administrada por el DNP que busca estimar los ingresos de los hogares mediante información procedente de diferentes entidades, entre ellas la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este sistema fue creado mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de reemplazar gradualmente al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). El RUI comenzó a operar el 1 de agosto de 2026 como parte de esa transición.

Posteriormente, el Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1621 del 28 de octubre de 2026, que amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que las entidades trasladaran sus programas sociales al nuevo sistema. El medio Minuto60 informó sobre este aplazamiento y los cambios relacionados con la clasificación de los beneficiarios.

La misma norma formalizó la Ventanilla Social, una plataforma del DNP que permite a los ciudadanos consultar su clasificación. Según lo establecido, una vez validada la información, el resultado deberá publicarse en un plazo máximo de seis días hábiles.

Para integrar estos datos con los estratos, el borrador plantea desarrollar una metodología que combine registros administrativos, información catastral y condiciones socioeconómicas. El documento establece que las entidades “optimizarán, diseñarán, validarán y realizarán pruebas piloto” antes de avanzar hacia una posible aplicación del nuevo modelo de asignación de subsidios.

¿Cuándo entrarían en vigencia los cambios en los estratos socioeconómicos de Colombia?

Por ahora, la propuesta se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y no representa una modificación inmediata de la estratificación. El documento todavía debe avanzar por las etapas previstas para su discusión, por lo que los cambios anunciados no pueden considerarse una medida aprobada.

Uno de los aspectos pendientes es definir la metodología que permitiría cruzar la información económica de los hogares con las condiciones de sus viviendas. Las entidades deberán desarrollar y evaluar las pruebas piloto antes de establecer cómo podrían utilizarse los resultados en la distribución de subsidios y contribuciones.

El borrador tampoco precisa cuántos hogares resultarían afectados, cuánto dinero podría ahorrar el Estado ni una fecha de aplicación general. Por esta razón, todavía no es posible calcular las modificaciones que podrían experimentar las facturas de los servicios públicos bajo el modelo propuesto.

Las bases del plan superan las 400 páginas y están organizadas en siete ejes. El DNP, dirigido por Julián Buitrago, tiene previsto entregar el documento al Consejo Nacional de Planeación el 15 de noviembre de 2026, como parte del proceso de discusión de las iniciativas del Gobierno.

El cronograma también contempla audiencias regionales entre el 18 de noviembre de 2026 y el 23 de enero de 2027. Posteriormente, el Ejecutivo proyecta radicar el proyecto de ley ante el Congreso el 7 de febrero de 2027, donde continuará el trámite para definir las medidas que finalmente podrían incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo.

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