Redacción
Juan Sebastián Sosa
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025 tras un atentado en Bogotá, reveló graves fallas en su esquema de seguridad oficial. El hecho generó conmoción nacional y reabrió el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de funcionarios y opositores.
Más allá del impacto político y social, el magnicidio abrió un análisis jurídico sobre los beneficios económicos que su familia puede recibir, así como los caminos legales para exigir responsabilidades.
Expertos en derecho han señalado que la viuda del congresista, María Claudia Tarazona, y su hijo, Alejandro Uribe Tarazona, son los principales beneficiarios de una pensión de sobrevivientes.
Este beneficio se encuentra contemplado en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, y establece que los familiares de congresistas fallecidos tienen derecho a recibir un monto equivalente al 75 % del salario mensual del legislador. Así lo reveló el abogado Andrés Barrera, quien publicó un video haciendo un análisis de la situación.
¿Qué pensión recibiría la familia del senador Miguel Uribe Turbay?
Los análisis jurídicos indican que la viuda del senador tendría derecho a una pensión vitalicia equivalente al 75 % del salario mensual de Miguel Uribe Turbay. En el caso de su hijo, el beneficio se mantendría hasta que cumpla 25 años, siempre que continúe estudios formales.
El ingreso base es significativo: los senadores reciben actualmente cerca de $51,5 millones mensuales, distribuidos en asignación básica, gastos de representación y prima especial. Por tanto, la pensión de sobrevivientes rondaría los $38,6 millones mensuales para la familia.
A esto se suma que, al tratarse de un homicidio ocurrido en ejercicio de sus funciones políticas, el caso también es considerado un accidente laboral. En consecuencia, la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) otorgaría una pensión del mismo valor, junto con otras prestaciones adicionales.
Sin embargo, los beneficiarios no pueden recibir ambas pensiones, pues la ley obliga a elegir un solo régimen. Según el abogado Andrés Barrera, la vía de la ARL podría resultar más ágil al no exigir semanas mínimas cotizadas, lo que representa una ventaja en tiempo de reconocimiento.
Posibles indemnizaciones y la responsabilidad del Estado
Más allá de la pensión, el debate jurídico gira en torno a la eventual responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio, debido a las múltiples solicitudes de protección que, según la defensa de Uribe Turbay, fueron ignoradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El abogado Francisco Bernate recordó antecedentes en los que el Estado fue condenado a reparar a familias de víctimas por omisiones en la protección, como el caso del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en 1998 pese a las advertencias sobre amenazas en su contra.
En el caso de Miguel Uribe Turbay, se documentaron 26 solicitudes de protección que no fueron atendidas de forma oportuna. Según Bernate, este hecho puede derivar en una demanda contra el Estado ante el Consejo de Estado, que podría ordenar una indemnización económica a los familiares.
Si bien la participación de terceros atenuaría la responsabilidad directa, los expertos coinciden en que existen argumentos para que el Estado sea condenado. Más allá del aspecto económico, el debate subraya la obligación estatal de garantizar la vida de los opositores y figuras públicas.
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