Redacción
Juan Sebastián Sosa
El nombramiento de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como viceministra de Juventud abrió una fuerte controversia pública. La discusión gira en torno a la validez de su título de Contaduría Pública, otorgado por la Fundación de Educación Superior San José, y a la falta del examen Saber Pro, requisito indispensable para graduarse en Colombia.
La universidad admitió que Guerrero no presentó dicha prueba al momento de recibir su diploma en junio de 2025. Aunque el examen fue aplazado para noviembre, la funcionaria ya había certificado en su hoja de vida que se graduó el 19 de julio. Esto generó dudas sobre la legalidad del documento que avala su profesión.
Francisco Pareja, representante legal de la universidad, explicó en diálogo con W Radio que la irregularidad se debió a un error administrativo de la Secretaría General. Aseguró que el modelo académico de la institución permite culminar la carrera en 18 meses, pero aceptó que la entrega del título sin haber cumplido el requisito nacional fue un error grave.
El Icfes, por su parte, negó haber suministrado información sobre el caso y anunció una investigación interna para determinar si su sistema fue alterado. El organismo aclaró que, por ahora, no hay datos oficiales que avalen la versión de que Guerrero haya presentado la prueba antes de la fecha señalada en noviembre.
Mientras tanto, la universidad convocó a una junta extraordinaria para analizar la situación. El nombramiento de Guerrero sigue bajo observación pública y política, con voces que exigen claridad sobre el cumplimiento de la normativa educativa.
La defensa de Guerrero y la denuncia de Jennifer Pedraza
La controversia creció con las declaraciones de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien afirmó que el título de Guerrero es inválido. Señaló que su graduación, sin cumplir los requisitos legales, constituye un delito de falsedad en documento y anunció una denuncia formal en la Fiscalía.
Pedraza cuestionó además que Guerrero se haya inscrito a las pruebas Saber Pro después de la fecha en que certificó su grado. Para la congresista, este hecho es una prueba de que se presentaron documentos que no cumplían con las exigencias del sistema educativo colombiano.
Ante estas acusaciones, Guerrero respondió en diálogo con W Radio que iniciará acciones legales contra Pedraza por calumnia y violación del habeas data. La designada viceministra asegura que el Icfes investiga un posible hackeo de datos y rechaza por completo que exista irregularidad en su graduación.
La funcionaria insistió en que obtuvo su título de manera válida bajo las condiciones de su universidad y que las afirmaciones en su contra son parte de un ataque político. Dijo estar dispuesta a demostrarlo en los tribunales.
El cruce de declaraciones mantiene el caso en la agenda mediática, mientras aumenta la presión sobre el Gobierno para que se pronuncie respecto a la validez de su nombramiento.
Consecuencias legales y administrativas en juego
De acuerdo con expertos consultados, la situación de Guerrero podría tener implicaciones graves. El abogado Fabio Humar explicó a El Tiempo que, de comprobarse que obtuvo su grado sin cumplir requisitos legales, podría configurarse falsedad documental y abrirse una investigación penal.
El penalista Saúl León añadió en ese mismo medio que, en el ámbito administrativo, cualquier ciudadano puede demandar el nombramiento ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esto incluso podría derivar en la suspensión provisional de su cargo si se demuestra que no cumplió con los requisitos para ser posesionada.
En el plano penal, León advirtió que la funcionaria podría enfrentar delitos como fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material o tráfico de influencias. Estos delitos contemplan penas de entre 8 y 14 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados.
El especialista también señaló que la responsabilidad no recaería solo en Guerrero. Los directivos de la universidad que avalaron su grado sin el cumplimiento de los requisitos también podrían enfrentar sanciones legales.
Un caso que trasciende lo académico
Mientras la universidad intenta aclarar la irregularidad y el Icfes revisa posibles fallas en su sistema, la funcionaria enfrenta cuestionamientos que ponen en entredicho su credibilidad y la del Gobierno que la nombró.
El hecho de que se trate de un cargo de dirección nacional aumenta la presión. Para expertos, la legitimidad de un funcionario no solo depende de su gestión, sino también de la claridad con la que accede al cargo.
El futuro de Guerrero como viceministra dependerá de los resultados de las investigaciones en curso. Por ahora, las dudas sobre la legalidad de su título siguen marcando la agenda y dejando al descubierto las posibles fallas de control.
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