Redacción
Juan Sebastián Sosa
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) -el principal sindicato de maestros del país- aprobó este lunes, luego de una junta directiva nacional virtual, la entrada en paro nacional permanente a partir de este miércoles 12 de junio en rechazo a la ley estatutaria de educación.
Según indicaron desde ese sindicato, el proyecto de ley fue “sorpresivo” y “no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y Fecode y menos fue consultada con la Federación”. Además, aseguran que el panorama es “complicado”.
“La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario”, indicó Fecode en un comunicado.
Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en tercer debate el pasado 5 de junio por el Congreso. Sin embargo, Fecode asegura que “incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación”.
“Es un riesgo para la educación pública, promueve la mercantilización, la privatización y da viabilidad a la corrupción. Por estas y otras razones, exigimos su retiro o hundimiento en el Senado y lo vamos a luchar en las calles”, añadió el sindicato en su cuenta de X.
"Propuestas regresivas al derecho fundamental a la educación"
Por medio de un comunicado, Fecode expuso seis propuestas que considera como "regresivas y que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación". Estas son:
Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado.
Golpean los fines y objetivos de la educación, reafirman el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación.
Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia.
Sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario.
Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo.
Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas.
Por dichas razones, desde la Federación le plantean al Gobierno nacional que “tome la determinación de no permitir la aprobación de este proyecto y se proceda a generar una amplia movilización, alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental y bien común”.
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