Redacción
Juan Sebastián Sosa
Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano tras conocerse una denuncia que involucra a la senadora Aida Quilcué, integrante del Pacto Histórico y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Según la información revelada este miércoles 25 de marzo, varios familiares de la congresista habrían recibido contratos por más de 869 millones de pesos en entidades del Estado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso toma mayor relevancia por el momento político en el que se conoce, ya que Quilcué hace parte de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto. Este contexto ha intensificado el escrutinio público sobre su entorno cercano y ha generado reacciones en distintos sectores políticos.
La denuncia fue presentada por el abogado Santiago Henao, cercano al representante electo Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático. Tras revisar registros en el portal Secop, el jurista aseguró haber identificado múltiples contratos adjudicados a personas cercanas a la senadora en diferentes entidades públicas.
A través de un video publicado en su cuenta en X, Henao expuso los hallazgos y afirmó: “Estos son los multimillonarios contratos que ha obtenido la familia de Aida Quilcué”, detallando cada uno de los casos que, según él, evidencian una concentración de contratación en su núcleo familiar.
Uno de los nombres mencionados es Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la senadora, quien habría recibido contratos por cerca de 130 millones de pesos durante el actual cuatrienio, principalmente en la Unidad de Restitución de Tierras.
Entre estos se destaca un contrato por 77 millones de pesos, firmado el 27 de enero y con vigencia hasta el 31 de diciembre, suscrito mediante contratación directa. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales para apoyar actividades de cumplimiento y fortalecimiento de la etapa posfallo en territorio según sentencias y autos”.
Contratos en Unidad de Tierras y ministerios superan los $400 millones
La denuncia también incluye a Karen Yisel Hernández Quilcué, otra familiar de la senadora, quien según la información recopilada por Henao acumularía contratos por más de 400 millones de pesos en entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de las Culturas.
Dentro de los contratos señalados aparece uno por 55 millones de pesos firmado el 23 de enero con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Días antes, el 14 de enero, habría suscrito otro acuerdo por 61 millones de pesos con la Unidad de Tierras.
Además, se registran contratos por 84 millones de pesos en 2025, así como otros por 69 millones en abril de 2024 y 16 millones en el Ministerio de las Culturas durante ese mismo año. Estos valores hacen parte de una serie de contratos que, sumados, elevan significativamente el monto total.
Los registros también incluyen acuerdos firmados en 2023 por 77 millones y 64 millones, así como contratos en 2022, poco después del inicio del Gobierno Petro, por valores de 18 millones y 2.666.166 pesos en la misma entidad.
Otros contratos elevan la cifra total a más de $869 millones
Otro de los nombres mencionados en la denuncia es el de Kelly Johana Quilcue Vivas, quien habría suscrito contratos por cerca de 264 millones de pesos con distintas entidades del Estado.
Entre estos se encuentra un contrato por 116 millones de pesos firmado el 2 de abril de 2025 con el Ministerio de Ambiente, así como otro por 78 millones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en abril de 2024.
También se registran acuerdos por 16 millones en noviembre de 2023 en el Dapre y otro por 54 millones en febrero de ese mismo año con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.
La suma de estos contratos, junto con los otros casos mencionados, es la que da origen a la cifra total de más de 869 millones de pesos que ha generado la controversia en el ámbito político.
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