Redacción
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, el superintendente de Salud, el presidente de la Fiduprevisora y miembros del Consejo Directivo del Fomag por presuntas irregularidades en el cambio de sistema de salud de los profesores del Magisterio.
La apertura de investigación, ordenada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, se debe a la “improvisación por parte de los integrantes del Consejo Directivo del Fomag, la Fiduprevisora, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación” en la operación del nuevo modelo.
“El 1 de mayo de 2024 inició el nuevo modelo de salud del Magisterio, generando en la población afiliada insatisfacción por las barreras de acceso y falta de continuidad y oportunidad en los servicios de salud”, dice el documento del ente de control.
Así las cosas, en la investigación están incluidos: Aurora Vergara, ahora exministra de Educación; Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Asimismo, serán indagados: Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud; Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora; Georgina del Carmen, Christian Rey y Magda Lorena Giraldo, miembros del Consejo Directivo del Fomag.
Las conclusiones del informe señalan que no se garantizaron los derechos fundamentales de los afiliados al régimen de excepción del Magisterio por “improvisación y fallas en la estructuración, adopción e implementación en el nuevo modelo de salud”.
¿Qué había estado pasando con este nuevo modelo de salud?
En mayo, a poco más de 15 días de implementado el nuevo modelo de atención en salud para los docentes del país, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) emitió una comunicación en la que pide a todas las IPS del país atender a los maestros ante las múltiples quejas que ha tenido el nuevo modelo.
Las dificultades de los docentes para acceder a los servicios médicos en medio del proceso de transición han levantado las quejas de múltiples organizaciones de profesores, incluida la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Entre los reclamos está la falta de atención a los pacientes y entrega de medicamentos. Asimismo, han denunciado que los pacientes crónicos no están recibiendo los tratamientos adecuados y hay dificultad para el acceso a las citas.
Por esa situación es que el Fomag emitió la circular en la que les pide a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas que atiendan a los más de 800 mil profesores y sus familias sin previa autorización.
Según señala la entidad, el objetivo es “garantizar la prestación de los servicios de salud a la población afiliada al Fomag, con énfasis en las poblaciones que son sujetos de especial protección, principalmente las gestantes y los niños, así como permitir la continuidad de los tratamientos requeridos por los pacientes”.
Jorge Bernal Conde, director de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaló que la circular busca “eliminar cualquier barrera administrativa, especialmente las autorizaciones para que garanticemos el derecho fundamental a la salud”.
“Eso significa que las mujeres en embarazo, que los niños menores de 5 años, todos los docentes, trabajadores, los pensionados, todos sus beneficiarios puedan acceder a todos los servicios básicos de salud: las cirugías, los medicamentos básicos y los de alto costo, todos sin que tenga que mediar una autorización”, añadió Bernal.
En el documento se especifica que la medida tendrá vigencia hasta el próximo 30 de junio de este 2024.
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